Impacto de la nueva agenda económica del gobierno

La economía mundial se ralentiza. El comercio mundial se estanca. Su volumen cayó 3% en el primer trimestre de 2019 respecto del último trimestre de 2018. Se venía recuperando vigorosamente desde el año 2017, después de los años negros que fueron 2015 y 2016, donde el nivel de comercio en dólares cayó 12% y 3% anual a nivel mundial, respectivamente.

Somos una economía pequeña y abierta al mundo. Lo sabemos y tenemos que adaptarnos a esta realidad. Hemos dado pasos importantes como país para enfrentar estos shocks externos. Un tipo de cambio flexible que amortigua estas bruscas caídas y una regla fiscal que ayuda a neutralizar el impacto de estos vaivenes mundiales en el gasto público.

Estas políticas de estabilización automáticas son necesarias, pero no suficientes, y el gobierno debe estar siempre preparado.

La crisis del comercio mundial se comenzó a vislumbrar desde comienzos de 2018, cuando vimos los primeros episodios de la guerra comercial entre China y EE.UU. Durante todo 2018 tuvimos mucha volatilidad en los mercados, y las perspectivas del crecimiento mundial comenzaron a caer. En el caso de Chile, las expectativas de crecimiento para 2019 y 2020 empezaron a bajar desde septiembre de 2018, y no han dejado de hacerlo desde esta fecha.

En un comienzo, el gobierno mantuvo un optimismo quizás poco realista, y solo en su cuenta anual el Presidente redujo las perspectivas de crecimiento para este año. En junio, el Ministerio de Hacienda, junto con el de Obras Públicas y Vivienda, comunican un plan de aceleramiento de inversiones de proyectos de infraestructura por una suma total de casi US$ 1.400 millones, y el Ministerio de la Vivienda anuncia un adelanto de US$ 1.000 millones en subsidios. Este mes, ante el continuo deterioro de las expectativas, el Ejecutivo anuncia otros US$ 355 millones para 2019 y de US$216 millones para 2020 en subsidios. Por su parte, el Banco Central reduce la tasa de política monetaria de 3% a 2,5% anual.

Estas medidas son bienvenidas. Saber su impacto, en particular en el corto plazo, es muy difícil. Muchos de los subsidios adicionales que se entregan difícilmente se concretan en el corto plazo, antes que se traduzcan en empleo pasa tiempo (hablamos de semestres). Aumentar los montos concesionados toma tiempo, y si no están los proyectos en carpeta muy avanzados, no se pueden licitar en forma eficaz.

Como país, en el corto plazo, debemos tener la capacidad de mantener obras y políticas en carpeta para ponerlas sobre la mesa en forma rápida. Muchas veces, en la vorágine de reformas estructurales, y hoy hay más de las que podemos abordar en tramitación, no queda tiempo ni capacidad técnica para estar preparado para estos vaivenes del comercio.

En forma adicional, el gobierno planteó una indicación para que la depreciación instantánea, que está en la reforma tributaria, tenga un efecto retroactivo para incentivar inversión antes que esté aprobada. La depreciación instantánea es una medida que puede ser efectiva como política contracíclica en esta coyuntura. Pero su efectividad está sujeta al grado de incertidumbre que exista sobre su aprobación y si ésta ocurrirá antes de la operación renta del abril del próximo año.

Lo prudente es reducir la incertidumbre, que hoy sobra desde el frente externo. El Ejecutivo debe evaluar enviar una ley corta con la depreciación instantánea. Con la misma prudencia, no debemos apresurar la discusión de un proyecto que puede tener un impacto importante en el mercado laboral, que ya muestra desempleo, como es la reducción en una cantidad importante de la jornada laboral. Recordemos qué nos pasó en 1998, cuando pensando que hacíamos bien, subimos el salario mínimo en forma drástica en la antesala de una situación externa compleja: el desempleo se nos disparó a 10% y se mantuvo en estas niveles casi siete años.