Implicancias de la crisis peruana
Detrás de las masivas protestas y descrédito de las principales instituciones podrían estar incubándose cambios más estructurales en el modelo político y económico que ha seguido el país.
El Consejo de Ministros de Perú encabezado por Alberto Otárola obtuvo el voto de confianza que requería del Congreso sobre lo que será la gestión de gobierno, esto tras la asunción de Dina Boluarte como nueva Presidente, quien fue designada por el Congreso para reemplazar al destituido Pedro Castillo producto de su fallido autogolpe en diciembre.
Sin embargo, esto se hace en un contexto de preocupante inestabilidad producto de las crecientes manifestaciones y protestas que ha vivido el país, inicialmente como reacción de un sector del país ante la salida y prisión preventiva de Castillo. Por estos días el conflicto se ha agudizado, como quedó en evidencia en Puno, con un saldo de 18 muertos -los que se suman a los más de 40 fallecidos que se han registrado desde que estalló el conflicto- producto de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Y si bien las manifestaciones se habían concentrado en el sur de Perú, el jueves pasado se desarrolló la primera protesta multitudinaria en Lima exigiendo la salida de la Presidenta Boluarte -sobre quien la Fiscalía ha iniciado una investigación por las muertes-, el cierre del Congreso y que se anticipe aún más la fecha de las elecciones, que ya habían sido adelantadas para abril del 2024.
La crisis que amenaza al país no solo plantea un duro desafío a un sistema político que debido a su diseño no ha podido encauzar adecuadamente sus tensiones en los últimos años y se encuentra profundamente desprestigiado -un reciente sondeo muestra al Congreso con una tasa de desaprobación superior al 80%-; las acusaciones de corrupción han provocado una grave inestabilidad, de la que tampoco han escapado otras autoridades. A pesar de este turbulento cuadro político, Perú ha logrado mantener por años un crecimiento económico que le permitió avanzar y mejorar sus índices de desarrollo, lo que llevó a muchos a sostener que la economía había logrado desacoplarse de las turbulencias políticas. Más aún, el Banco Mundial proyecta para el 2023 que el PIB crecerá 2,6%, por sobre lo que anticipa para América Latina y el Caribe.
Aun cuando las manifestaciones focalizadas no parecen comprometer por ahora esta trayectoria, especialmente si tienen lugar en departamentos con menor aporte al PIB, la posibilidad de que las movilizaciones persistan en el tiempo sí podrían generar un impacto en la actividad económica. Basta considerar lo que bloqueos de carreteras y aeropuertos podrían generar en el tránsito de exportaciones hacia los puertos, así como el efecto en el turismo y el comercio.
Sin embargo, y más allá de cómo se resuelva esta crisis, es importante constatar lo que parece subyacer a ella, donde se observa que la postergación de una serie de demandas sociales, como salud, educación y vivienda, entre otras, están provocando un cuadro de malestar social del que la clase política no podrá desentenderse. En un contexto donde la informalidad laboral sobrepasa el 80%, con las consabidas secuelas de ello, el escenario se torna aún más complejo, por lo que no podría descartarse que la crisis no solo sea producto del descalabro del sistema político, sino también esté reflejando los primeros síntomas de que se podría estar iniciando un cambio del modelo que Perú ha seguido hasta ahora.
