Históricamente la inversión en Chile caía solo en años de recesión externa. Ocurrió así por ejemplo durante la crisis de la deuda de inicios de los 80, en la crisis asiática y una década después -el año 2009- en medio de la crisis financiera global. Sin embargo, esta dinámica ha cambiado drásticamente y en el período que va desde 2014 a 2024 la inversión cayó en seis años. A nivel de sectores, los datos muestran que más allá de la minería, la inversión en el resto de la economía se encuentra totalmente paralizada.

El problema de la falta de inversión se suma al estancamiento de la productividad y a la baja participación laboral en algunos segmentos de la población, para explicar el insuficiente crecimiento económico de los últimos años. Sin embargo, dentro de las medidas que se deben implementar, las que permitan impulsar la inversión son las que pueden tener efectos más inmediatos. En este ámbito, la burocracia para aprobar proyectos de inversión, la falta de certeza de las reglas del juego, la inseguridad y la alta carga tributaria que enfrentan las empresas son iniciativas que se deberían abordar con urgencia.

La buena noticia es que este es un tema que genera un consenso bastante amplio. En el ámbito tributario, se reconoce transversalmente que la reforma del año 2014, que subió la tasa de impuesto corporativo de 20% a 27%, fue un exceso que ha impactado en forma negativa la competitividad de las empresas. De hecho, tanto la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera, como el gobierno del Presidente Gabriel Boric han tenido propuestas para reducir dicha tasa, pero no lograron prosperar.

Esta semana vivimos un nuevo capítulo en esta historia, cuando el ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció algo que hace meses se veía venir: el gobierno postergará indefinidamente el proyecto que buscaba reducir la tasa de impuesto corporativo de 27% a 24%. Argumentó la falta de apoyo político y la necesidad de priorizar otros temas.

La decisión es lamentable, porque como señalé antes, este debiese ser un tema prioritario para impulsar la inversión y el crecimiento económico. Aunque parece realista no avanzar sin tener el apoyo necesario del Congreso, dejar la iniciativa para el último año de gobierno era condenarla al fracaso y deja serias dudas de que haya existido una real intención de lograr su aprobación.

La dificultad para impulsar esta iniciativa legal no está en la baja del impuesto corporativo, sino que en los mecanismos de compensación que se requieren para recuperar la menor recaudación que produce. La situación fiscal no permite disminuir impuestos sin subir al mismo tiempo otros, reducir exenciones tributarias o ajustar el gasto público. Si bien un menor tributo a las empresas impulsará el crecimiento económico, no es claro que ello sea suficiente para compensar el impacto en la recaudación.

Al igual que la consolidación de las cuentas fiscales, la baja del impuesto corporativo es una tarea que se deja al siguiente gobierno. El tema ya está presente en el debate presidencial y es de esperar que sea una de las medidas económicas prioritarias de quién gane las elecciones a fin de año. Eso sí, avanzar en esta materia requerirá una fuerte convicción sobre sus beneficios, un riguroso análisis técnico para no poner en riesgo las finanzas públicas y una negociación política ardua para conseguir los apoyos necesarios.

Por Hermann González, Coordinador Macroeconómico de Clapes UC