Los impuestos verdes son tema de discusión. Mientras algunos creen que son necesarios para abordar los problemas ambientales del país, otros argumentan que son injustos y que su objetivo principal es recaudatorio. Independiente de esta discusión, hay que prestar atención a las recientes modificaciones de la Ley N° 20.780, vigentes desde este año.
Se eliminó el requisito de asociar el impuesto a la potencia instalada de las calderas y turbinas, ampliando el universo de fuentes gravadas, para incluir a todos los establecimientos que emiten más de 100 toneladas anuales de material particulado o 25 mil toneladas anuales de dióxido de carbono. Además, se introdujo la posibilidad de implementar proyectos de reducción de emisiones para disminuir el carácter recaudatorio del gravamen, ya que se permitiría generar un efecto ambiental positivo, en vez de realizar un pago directo.
Respecto a estos proyectos de reducción, la ley junto con establecer los requisitos esenciales y un procedimiento básico, señala también que el Ministerio del Medio Ambiente establecerá mediante un reglamento la forma y los antecedentes requeridos para acreditar las características necesarias para la procedencia de dichos proyectos. Sin embargo, este reglamento aún no ha sido ingresado a la Contraloría General de la República para su aprobación. Lo anterior pese a que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad se pronunció favorablemente sobre el texto en marzo de 2022. Es decir, transcurrido más de un año todavía no hay certezas sobre los requisitos específicos que deberán cumplir los proyectos de reducción para ser aceptados por el Ministerio del Medio Ambiente.
Esto significa que, aunque se espera que se acelere el trámite en la Contraloría, difícilmente tendremos proyectos de reducción de emisiones implementados durante este año. En pocas palabras, no hay prisas, no hay certezas para los proyectos de reducción, pero de lo que podemos estar seguros es que sí habrá pago (recaudación) para los nuevos establecimientos afectos a este impuesto.
Por Martín Astorga, socio en Cariola Díez Pérez-Cotapos
