Por Mauricio Villena, decano Fac. de Economía y Empresa UDP
Surge nuevamente la amenaza de un retiro de fondos previsionales. Los anteriores ya dejaron a más de 3,8 millones de personas sin ahorro: según datos de la Superintendencia de Pensiones, solo 1,2 millones podrían acceder a un nuevo retiro. Ciertamente en este grupo no se encuentra la población más vulnerable del país.
En este contexto, si la disyuntiva de política económica que enfrenta el gobierno es continuar con el IFE Universal hasta diciembre para frenar un eventual retiro adicional de los fondos previsionales, parece inevitable que ceda ante las presiones. Un cuarto retiro es una muy mala política pública, claramente regresiva, y puede tener un grave impacto en el futuro, no solo por los potenciales menores recursos fiscales disponibles para otras políticas públicas (educación, salud, vivienda, etcétera), debido al aumento de gasto gubernamental para financiar a pensionados sin fondos de ahorro, sino también por los incentivos que se generan en el mercado del trabajo y en el ahorro previsional, claves para contar con un sistema de pensiones sostenible.
Así, el gobierno puede verse forzado a mantener el IFE Universal hasta diciembre. Esta política tiene un costo mensual cercano a los US$ 3.200 millones. Para contextualizar lo importante de esta cifra, se puede decir que es equivalente al costo de construir una línea de Metro de 32 kilómetros cada mes. Extenderlo desde mediados de septiembre a diciembre significaría un costo adicional total para el Fisco cercano a los US$ 11,2 mil millones. Considerando que el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) cuenta con cerca de US$ 3.980 millones (a julio), es claro que las finanzas públicas empiezan ya a estrecharse (en marzo 2020 había US$ 12.334,30 millones). Así, parece razonable que, en vez de pensar en aumentar el monto del IFE, como ciertos parlamentarios han planteado recientemente, quizás ya sea tiempo de comenzar a focalizar su entrega a los compatriotas más afectados por la pandemia, sobre todo dada la disminución en los contagios Covid y al mejor desempeño de la economía este año.
En términos económicos, la focalización del IFE no solo es necesaria para aliviar las estresadas cuentas fiscales, sino que también porque ya es necesario comenzar a retirar el impulso fiscal y disminuir su impacto negativo en la economía. Es claro que es necesario calibrar el impulso macro total de la economía chilena, sobre todo si ya se atisban presiones inflacionarias y se quiere lograr la convergencia a la meta de inflación. Ya comenzó a implementarse una política monetaria menos expansiva, con impacto en las tasas de interés y en el tipo de cambio real. Ciertamente ya es tiempo de comenzar a planificar un año 2022 con un menor impulso fiscal. El cómo hacerlo evitando un potencial impacto negativo debido a la pandemia en la pobreza y la desigualdad de las personas vulnerables, como los trabajadores informales y los grupos de bajos ingresos, es algo que debería discutirse con altura de miras y teniendo en cuenta la evidencia y un buen diseño de políticas públicas.
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