SEÑOR DIRECTOR:

En Chile, la impunidad se ha ido normalizando ante delitos cada vez más violentos protagonizados por menores de edad. Es hora de decirlo con claridad: la impunidad se está convirtiendo en una política de Estado.

La participación de adolescentes en crímenes graves dejó de ser una excepción para convertirse en una ventaja. Sin embargo, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente sigue tratando a un menor homicida con la misma lógica que a quien robó un celular. Esa ley ya no responde al Chile de hoy.

Hoy, menores que matan, violan o secuestran pueden estar encerrados solo unos meses, y al cumplir la mayoría de edad, sus antecedentes desaparecen. Eso no es justicia ni rehabilitación: es abandono institucional. Es dar la espalda a las víctimas.

Mientras tanto, el crimen organizado avanza. Recluta menores con plena conciencia de que el sistema los protege. ¿Qué señal se le está dando al país? Que ser joven es garantía de impunidad. Que usar a menores para delinquir es rentable. Que el Estado es más comprensivo con los victimarios que con las víctimas.

Pedimos que el gobierno le dé urgencia inmediata al proyecto que modifica la ley de Responsabilidad Penal Adolescente. La seguridad de las personas no puede seguir esperando en la fila de las prioridades políticas.

Y si de justicia hablamos, urge también la creación de la Defensoría de las Víctimas. Hoy, las víctimas enfrentan solas el proceso penal, mientras los delincuentes cuentan con abogados, garantías y un sistema que los respalda. Invertir esa lógica no es optativo, es una obligación ética y de Estado.

José Miguel González

Movimiento “No más víctimas”