Por Paulina Vodanovic, presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano
El gobierno saliente incumplió gran parte, para no decir todas, las medidas anunciadas durante el periodo de campaña. Podríamos revisar en materia económica, beneficios sociales, pero tal vez por el estado de abandono en que se encuentra el país y con las Fuerzas Armadas haciéndose cargo del orden público, a punta de decretos de “excepción” constitucional, es que este punto, el de la seguridad, resulta de interés.
En su primer gobierno, Piñera prometió el término de la puerta giratoria. Ya sabemos cómo aquello no ocurrió. Tampoco en materia de seguridad ciudadana hubo mejoras, con altas tasas de delincuencia y la ineficacia del sistema instalada. Además, entrega el país con una grave crisis en el norte del país, con camioneros incitando al paro a lo largo de Chile y congestionando las vías sin sanción alguna, además de la crisis en la macrozona sur.
La ciudadanía no tiene -como señala la prensa- una “sensación” de inseguridad. La vive en lo cotidiano: en barrios donde no es posible salir a la calle al caer el sol, porque las balas locas acechan; en el norte de Chile, porque las plazas se han vuelto la vivienda de muchos que han ingresado al país sin control alguno de la autoridad, sin contar con la más mínima condición de humanidad; y en el sur, no hubo el tan prometido diálogo para una crisis que se arrastra hace demasiado y, finalmente, se militarizó.
Las expectativas de la ciudadanía son enormes y el descontento, también. A 20 años de instalada la Reforma Procesal Penal, el sistema entero está en cuestión: los jueces de garantía, los fiscales (Ministerio Público) y las policías son ineficaces en la investigación y sanción de delitos sensibles, como aquellos relacionados con la propiedad privada (portonazos, asaltos, robos en domicilio habitado). La legislación (parlamentarios y gobierno) insiste en establecer nuevos delitos y aumentar penas para ofrecer una solución que no es tal -populismo penal-, porque aumentar las penas no rebaja la comisión de delitos; y el solo otorgamiento de recursos a las policías y la Fiscalía tampoco ha dado resultado.
Urge la aprobación del Ministerio de Seguridad Ciudadana y, a su alero, un nuevo Sistema Policial, que esté al servicio de la ciudadanía, con protección de sus derechos, y verdadero control y gobernabilidad democrática; instituciones desde donde nazcan y se articulen políticas públicas de prevención del delito, coordinación con las policías y control del cumplimiento de medidas. El Ministerio Público debe, por su parte, priorizar las causas de alta connotación social -y no privilegiar número y metas propias-,y cumplir adecuadamente la finalidad principal de persecución criminal, dirigiendo adecuadamente a las policías y mejorar los resultados en sus investigaciones.
La seguridad ciudadana no es un tema de derechas ni izquierdas; sí, de capacidades y eficiencia. Confiamos en que desde marzo, por fin, el gobierno trabaje por el derecho a vivir en paz.
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