Por María Paz Arzola, Libertad y Desarrollo
La semana pasada, la Cámara de Diputados rechazó el veto enviado por el Presidente de la República para modificar una iniciativa mediante la cual el Congreso había establecido, entre otras materias, la inamovilidad de los docentes que exhiben un mal desempeño reiterado. Con ello, ahora queda en manos del Senado la decisión de si acoger o no la búsqueda del Ejecutivo por revertir dicha disposición y de esa forma mantener la posibilidad de que los profesores que sistemáticamente obtienen un resultado insuficiente en su evaluación docente puedan ser desvinculados.
De ratificar el Senado la decisión de los diputados, se dejaría sin efecto una atribución que representa prácticamente la única posibilidad que tienen los directores de escuelas y liceos públicos para poder despedir a los profesores que no alcanzan el estándar requerido. Considerando que hace tan solo cinco años se acordó la introducción de un sistema de desarrollo profesional docente en virtud del cual se aumentaron significativamente las remuneraciones de los profesionales de la educación, es lamentable que el Congreso decidiera echar marcha atrás y eliminar el elemento que tenía por objeto incentivar y asegurar que en paralelo estos cumplieran con un desempeño mínimo en su evaluación.
Pero, además, el veto presidencial cobra especial relevancia en el contexto del proceso de gradual instalación del nuevo sistema de educación pública, que ha dejado en evidencia la magnitud del problema de sobredotación de profesores heredada desde los establecimientos municipales -muchos de los cuales habrían sido contratados más por su afinidad política con el alcalde de turno que por sus méritos en el aula. Según han manifestado diversos miembros de las comunidades educativas que han sido escuchados por el consejo evaluador de la puesta en marcha de dicho sistema -del que formé parte hasta el año pasado-, ello constituiría una de las mayores dificultades con que están teniendo que lidiar los nuevos servicios locales de educación a los que están siendo traspasado los colegios y sus funcionarios.
Con todo, preocupa que el Congreso actúe en contra de lo que sugiere la conocida premisa de que “la calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes”. Y que, en lugar de entregar más facultades a los directivos escolares para que puedan ajustar sus plantas docentes y reducir la sobredotación que aqueja a sus escuelas, optara en cambio por avanzar en la dirección contraria, dificultando todavía más la ya compleja instalación del nuevo sistema y amenazando con ello el cumplimiento de las expectativas de revitalización de la educación pública que ellos mismos sembraron hace tan solo unos años.
