SEÑOR DIRECTOR:
Las revelaciones de la Contraloría General sobre el manejo inadecuado de drogas incautadas son alarmantes. El informe muestra desorden en la custodia y destrucción de estas sustancias, poniendo en riesgo la salud pública y la seguridad nacional.
A pesar de recientes cambios legales, las auditorías revelan demoras inaceptables en la recepción y destrucción de estupefacientes. En algunos casos, las drogas permanecieron sin resguardo hasta 288 días, almacenadas en condiciones inadecuadas. Esto refleja una falta de control que podría facilitar su retorno al mercado negro.
Preocupa también la relación con el problema del fentanilo en hospitales públicos. Desde 2017, se han reportado sustracciones significativas de opioides, incluyendo 199 ampollas de fentanilo solo en la Región Metropolitana. Esta situación no es aislada, sino un patrón que refleja graves incumplimientos.
La combinación de mal manejo administrativo y sustracción de sustancias como el fentanilo representa una amenaza con potenciales consecuencias devastadoras, fomentando indirectamente el narcotráfico.
Es urgente que el Estado actúe para corregir estas deficiencias, estableciendo protocolos estrictos para el manejo de drogas incautadas y mejorando la seguridad en los recintos donde se almacenan. También es crucial implementar programas educativos para profesionales de la salud sobre los riesgos de los opioides.
Las modificaciones legales son insuficientes sin medidas concretas que garanticen su cumplimiento. No podemos permitir que el desorden administrativo contribuya al narcotráfico y comprometa nuestra deteriorada seguridad pública. El Estado debe actuar de inmediato, de manera coordinada y eficiente, para proteger nos de esta grave amenaza.
Luis Toledo Ríos
Director Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado Universidad San Sebastián
