El inesperado resultado de la Convención Constitucional (CC) ha generado fuerte ruido en las expectativas económicas. Entre algunos de mis colegas se ha resaltado mucho el tema de la incertidumbre que se genera en torno a sus resultados y su impacto negativo en la economía.
Los economistas aprendemos tempranamente que la incertidumbre es mala para la economía. Knight planteó hace un siglo que la incertidumbre no debe ser confundida con el riesgo, ya que este último puede ser modelado y medido y la incertidumbre no. Es evidente que un escenario de incertidumbre daña los incentivos a la inversión y al gasto en general, dado que los agentes económicos privilegiarán un comportamiento de “esperar y ver”.
La fuente de la incertidumbre se justifica, toda vez que no sabemos cuáles serán los cambios en la reglas del juego que emanarán de la CC. Para mi está claro que habrá un cambio profundo (y justificado) respecto de la constitución actual y sus implicancias en la esfera económica. Dicho eso, el desafío que enfrenta la convención es como concordar un texto constitucional que siente las bases de un país con mínimos civilizatorios, con instituciones socialmente legítimas, creando un escenario de gran estabilidad de largo plazo (del tipo nórdico, australiano o alemán, obviamente con las restricciones que impone nuestro nivel de desarrollo).
Dicho lo anterior, también es legítimo preguntarse acerca de qué representa la situación sin Constituyente (contrafactual). ¿Es razonable asumir que, dada la escasa legitimidad institucional de las principales instituciones de la República, hoy no está ya instalada la incertidumbre? ¿Es posible pensar que con la legitimidad institucional de las principales instituciones de la República por los suelos, no existe incertidumbre? ¿Es lógico pensar que sería posible proyectar escenarios para las AFP, Isapres, mineras, farmacias (por mencionar sólo las más evidentes) con una mínima certidumbre? ¿Es factible mantener inalterada la carga tributaria con la desigualdad imperante y todos los problemas agravados por la pandemia?
Frente a este escenario actual tan negativo, la CC abre la opción de lograr una Constitución validada por la ciudadanía, sentando las bases para crear instituciones inclusivas y legitimadas, lo cual es esencial para recuperar el crecimiento y el desarrollo económico. Es cierto que ello no está garantizado. Pero a priori, tomando como referencia otros estudios de opinión hechos a la ciudadanía (recomiendo Chile 400 delibera), me inclino (y prefiero) pensar que la mayoría de sus miembros estarán deseosos de sentar las bases de una sociedad más justa, inclusiva y con mínimos civilizatorios.
El autor es economista y ex vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero
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