SEÑOR DIRECTOR:

Lamentablemente, el proyecto de Ley de Fraccionamiento de Pesca ha sido noticia por las violentas protestas que ha desencadenado, más que por su contenido y el principal problema que presenta: la vulneración de derechos adquiridos.

Por un lado, la iniciativa busca modificar la distribución de las cuotas de pesca, establecidas hasta 2032, afectando derechos adquiridos y configurando una expropiación encubierta sin compensación alguna. Por otro, propone subastar un porcentaje del aumento en la cuota global de captura de jurel, ignorando un aspecto clave: la Ley 20.657 instauró un sistema de licencias transables de pesca que otorgan un derecho de propiedad a sus titulares. Actualmente, todas estas licencias tienen dueño, están vigentes y en uso, por lo que su alteración no solo es injusta, sino que podría ser inconstitucional.

De aprobarse el proyecto de ley, derivaría en demandas contra el Estado, tanto en tribunales locales como internacionales. Además, estos “cambios de reglas del juego” llevan a una creciente incertidumbre jurídica que envía una señal negativa no sólo al sector pesquero, sino también a los inversionistas en general, cosa sumamente compleja considerando el actual contexto de bajo crecimiento, donde la inversión es clave para salir del déficit en el que Chile se encuentra inmerso. Por tanto, es imperativo perfeccionar esta iniciativa para evitar consecuencias legales y económicas que afecten la estabilidad y la confianza en nuestro país.

Antonella León A.

Fundación Jaime Guzmán