SEÑOR DIRECTOR:
Esta semana, el Congreso Nacional despachó un proyecto de ley que tiene por objeto aumentar la contratación de trabajadores con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de 1 a 2%, y que deben ser contratadas por las medianas y grandes empresas e incorporadas en las instituciones públicas. Si bien el cumplimiento de la norma fue matizado durante la discusión, dado que para que entre en vigencia se deberá acreditar primero el cumplimiento de la cuota vigente del 1% de contratación de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez en el 80% de las empresas e instituciones obligadas, dicho mecanismo no resuelve el problema de inclusión.
El sistema de cuotas no parece ser un mecanismo eficiente y las cifras así lo demuestran. Según datos de los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social, en 2022, las empresas grandes alcanzan un cumplimiento de 14,6% y las empresas medianas con más de 100 trabajadores, de 16,6%. Por otro lado, en el sector público, también en 2022, se registró la tasa de incumplimiento más alta desde que se tiene registro, alcanzando un 60,8%. Compartiendo el objetivo último de mayor inclusión laboral, los esfuerzos debieron orientarse más bien a fortalecer la intermediación laboral, mayor adaptabilidad laboral o algún subsidio a la contratación. Un sistema de cuotas, por el contrario, solo termina generando más estigmatización del trabajador con discapacidad, relegando en muchos casos a estas personas a trabajos poco calificados.
Esteban Ávila
Abogado, Libertad y Desarrollo
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