Incomprensible decisión de la Cancillería

La decisión del gobierno de no apoyar la candidatura del jurista chileno Claudio Grossman para integrar la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y respaldar en su lugar al candidato brasileño causó no solo sorpresa, sino que también generó fuertes reacciones tanto en ambientes políticos como académicos. Más allá de que la Constitución le otorga al Presidente de la República la facultad de dirigir la Política Exterior, por lo que está dentro de sus atribuciones considerar o desechar la eventual postulación de un candidato a un cargo en una instancia internacional, lo sucedido sorprendió por la trayectoria de la eventual carta chilena y por la relevancia del puesto que aspiraba a ocupar.

Además de su reconocido y amplio currículum que deja clara sus condiciones para desempeñar el cargo, Claudio Grossman goza de un reconocido prestigio internacional que le entregaba incuestionables posibilidades de lograr los apoyos necesarios para integrarse a la CIJ. Además, había sido un actor clave en el equipo chileno que representó los intereses de Chile en la demanda presentada por Bolivia ante la CIJ para forzar una negociación que le permitiera obtener una salida soberana al mar. Demanda que fue finalmente desestimada por la Corte, la que zanjó la disputa en favor de Chile. En esa oportunidad Grossman ocupó el cargo de agente chileno ante el máximo tribunal.

La Corte Internacional de Justicia de La Haya es el principal órgano judicial de Naciones Unidas y en sus más de 75 años de historia solo un jurista chileno la ha integrado, lo que sucedió entre 1945 y 1955. La candidatura de Grossman ofrecía condiciones inmejorables para llegar nuevamente a esa instancia, lo que más allá del indudable prestigio que implica para el jurista en cuestión y para el país que representa, es un puesto estratégico considerando la relevancia de la Corte. Además, es importante recordar que como firmante del Pacto de Bogotá, en la última década, Chile ha debido concurrir en tres ocasiones a esa instancia, debido a diferendos limítrofes con Perú y Bolivia.

Por ello, considerando las capacidades profesionales del eventual candidato y la relevancia de la instancia a la que aspiraba a postular, resulta doblemente incomprensible la decisión de la Cancillería de no respaldarlo, más aún considerando la ausencia de serios contendores. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha asegurado que entre las razones que justifican su decisión está el hecho de que Chile paralelamente está postulando al Consejo de Derechos Humanos de la ONU -instancia que ha integrado tres veces en los últimos 15 años-, lo que habría comprometido apoyos de terceros países, y a que una elección a la CIJ requiere “planificación anticipada” y “recursos”. Explicaciones que resultan débiles más aún considerando la importancia estratégica de lo que estaba en juego.

Excusarse en una falta de planificación anticipada se contrapone con el hecho de que el cupo se abrió hace solo dos meses, tras la muerte del juez brasileño Antonio Augusto Cançado Trindade. Un hecho sorpresivo que hacía imposible preparase con más tiempo y que, al contrario, exigía de parte de la Cancillería una respuesta rápida y proactiva para aprovechar una oportunidad histórica, lo que no sucedió.