Independencia judicial

Existe consenso sobre la necesidad de contar con jueces independientes, de forma que puedan decidir imparcialmente los asuntos de que les corresponde conocer, considerando solamente los hechos y el derecho aplicables, dejando de lado toda otra variable ajena al pleito. Naturalmente, jueces inmersos en una sociedad nunca estarán completamente inmunizados a presiones ambientales, e incluso a influencias directas. Por eso la independencia judicial no es un bien absoluto, sino más bien es una aspiración que demanda mantenerse permanentemente alerta, para ir haciendo las correcciones institucionales que se vayan necesitando.

En los últimos años, la discusión en torno a la independencia judicial se ha centrado en su faz interna, es decir, el grado de autonomía con que cuentan los jueces para decidir los casos sin recibir presiones de sus superiores. Esto se debe a que contamos con un Poder Judicial en extremo jerarquizado, que concentra en la cúpula las funciones de gobierno judicial, incluidas las calificaciones de los jueces y su promoción. En Chile, si un juez desea hacer carrera dentro del Poder Judicial sabe que lo más conveniente es seguir los criterios de sus superiores, aunque vayan en contra de sus concepciones, lo que obviamente implica una lesión a su independencia.

Pero a veces nos olvidamos de que si nos concentramos ahora en los problemas de independencia interna de los jueces es porque hemos logrado superar los atentados más severos en su contra, los que tradicionalmente han provenido desde el exterior. Baste para ello recordar la experiencia de la dictadura militar.

Esa es la razón por la cual hay que ser especialmente cuidadosos al momento de proponer cambios institucionales al sistema judicial: no por aumentar los grados de independencia interna vamos a poner en riesgo lo que hemos ganado en términos de independencia externa de los jueces. Ese es el error que se cometió ya en América Latina con la creación de los Consejos de la Justicia, los que abrieron a la política las puertas de los tribunales.

Es oportuna la alerta, porque en nuestro país hemos visto en el último tiempo que los políticos no ocultan su interés por contar con una justicia más dócil. Recordemos las palabras del ministro de Justicia cuando habló de la necesidad de "netear" políticamente las designaciones judiciales, o los obstáculos puestos a la persecución de las causas sobre financiamiento irregular de la política; o el movimiento para descalificar la sentencia condenatoria de Lula, anticipando lo que sería la reacción si fuera condenado en Chile por corrupción uno de los suyos. Se suma ahora la amenaza de acusar constitucionalmente a ministros de la Corte Suprema tan solo por la interpretación que han hecho de los beneficios de libertad condicional a condenados por causas de derechos humanos.

Tenemos un sistema judicial razonablemente independiente de la política, no lo arriesguemos.