SEÑOR DIRECTOR:
Un nuevo capítulo se escribe en el proyecto minero Dominga. Esto, a la espera de la admisibilidad de los recursos de casación presentados ante la Corte Suprema, en contra de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Ambiental (1TA) de Antofagasta.
Es que ante la decisión de rechazar el 8 de enero otra vez el proyecto por parte del Comité de Ministros, Andes Iron presentó un requerimiento acusando que no se había ejecutado la sentencia de diciembre de 2024 ni en la forma y el fondo.
En respuesta, el 17 de febrero el 1TA acogió dicho requerimiento sosteniendo que el Comité de Ministros no cumplió con lo ordenado en la sentencia en el plazo fijado. Y que incorporó argumentos no contemplados en la resolución original, lo cual vulneraba el principio de seguridad jurídica del proceso administrativo. Así, ordenó el cumplimiento forzado del fallo de manera estricta.
Las aguas no se calmaron y la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) presentó el 24 de febrero otro recurso, esta vez ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta en contra de dicho fallo, argumentando que la sentencia de diciembre 2024 fue satisfecha, que el Comité de Ministros resolvió conforme a lo dictaminado. Además, sostuvo que el 1TA extralimitó sus atribuciones.
Resulta insólito que donde hay tantos intereses en juego: privados y públicos con una decisión tan compleja por tener efectos medioambientales, económicos, sociales y políticos, esto se extienda por más de una década. Ello demuestra las falencias documentadas del sistema jurídico-ambiental para tomar decisiones, así como de su sistema de recursos.
Ojalá, este caso sirva para impulsar las reformas largamente esperadas en favor de los intereses involucrados.
Christian Rojas
Profesor Asociado de Derecho Administrativo, Universidad Andrés Bello
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.