Por Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo
Es destacable que el Presidente Boric en su cuenta pública pusiera de relieve la situación de la infancia vulnerada, comprometiendo una serie de acciones que parecieran evidenciar un énfasis distinto, respecto a la forma de abordar la situación, en particular de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que están en los centros residenciales. Precisamente, se ha enfatizado la necesidad de promover el derecho a vivir en familia, fortaleciendo las familias de acogida, como el sistema de cuidados alternativos, y no iterar respecto a los estándares del modelo residencial, como han sido las gestiones anteriores.
Hace pocos días, la Subsecretaría de la Niñez, ante el comité de derechos del niño, informó que 12 de las 25 residencias familiares se encuentran con alto nivel de criticidad. Aún más grave, el informe de la comisión investigadora de redes de explotación sexual comercial infantil, presentado por la diputada Maite Orsini este 31 de mayo, el que indicaba que NNA fueron ingresados en residencias de protección y sufrieron diversas vulneraciones, como víctimas de redes de explotación sexual.
Parece, sin duda, positivo que la prioridad del Ejecutivo se centre en potenciar el modelo de familias de acogida, sin embargo, es necesario conocer las evaluaciones que existen del piloto en las regiones del Biobío, La Araucanía y Metropolitana. En esta materia, es fundamental contar con sólida evidencia que garantice resultados. Asimismo, es necesario tener claridad respecto de fortalecer el modelo de acogimiento familiar con familias externas, ya que en la práctica hoy -en el 80% de los casos- opera como un programa de reunificación familiar, principalmente de familias extensas. No podemos solo pasar del modelo residencial al acogimiento familiar, entendiendo que el problema es exclusivamente dónde se acoge a los niños, niñas y adolescentes. Atribuir que sacar a los niños de un lugar, “su familia”, donde están viviendo vulneraciones, y “ponerlos” en otro lugar, residencia o familia de acogida, resuelve la situación, es limitado. La vulneración de derechos no es un problema o falla de las familias, sino del sistema institucional y social en su conjunto, pues no está instalado el enfoque de derechos, la prevención y la entrega de apoyos oportunos. Este será un camino largo, en el que se necesita la coordinación y articulación de un piso de protección social universal y garantizado, como base para el desarrollo de la niñez. Esto implica –también- un trabajo con sus familias, apoyos sociales y en la crianza. Tiene que levantarse una nueva mirada en relación a ellas, reconociendo la posibilidad de restablecer el vínculo con un trabajo integral, sistemático y con evidencia. Y, mientras dura ese proceso, fortalecer el acogimiento familiar para evitar el daño de la institucionalización. Esta perspectiva requiere de los distintos actores, proveedores de servicio, gobierno y tribunales de familia, para resguardar el interés superior del niño y las disposiciones contenidas en la Convención y en las leyes aprobadas, para que nunca más se prive del derecho a vivir en familia a un niño por su condición socioeconómica, o porque no exista una provisión de servicios necesarias para restablecer sus derechos.
