Informe PNUD: territorios rezagados, desigualdad y pobreza

El informe sobre la desigualdad entre las regiones del país entregado esta semana por el PNUD, muestra que pese a los incuestionables avances nacionales en materia de superación de la pobreza y desarrollo, aún persisten brechas significativas en el acceso a las oportunidades que tienen las personas, particularmente de la Región Metropolitana (RM), versus los habitantes de otras regiones. El sentido tema de la falta de médicos especialistas, la oferta educacional, las diferencias de ingresos y finalmente cómo la RM acumula no solamente las oportunidades y el capital humano, sino que también el poder de decidir por las regiones, marca una brecha injusta que enlentece el desarrollo y bienestar.

En términos del ingreso, en la RM se concentra cerca del 40% de los hogares del país y al mismo tiempo, al menos el 60% de los hogares de mayores ingresos. En educación, por ejemplo, estudios cualitativos de la Fundación Superación de la Pobreza muestran cómo en los sectores rurales de las regiones extremas, se experimenta una crisis de despoblamiento que está modificando la fisonomía cultural, producto de la falta de oferta educativa. En salud, pasa algo parecido producto de las largas distancias que separan los centros de atención de diversa complejidad con las comunidades. Los problemas de la falta de pertinencia cultural de la oferta de vivienda, en tanto, son muy conocidos de norte a sur por cientos de comunidades que ven cómo las soluciones centralistas en realidad no constituyen soluciones en determinados territorios. Tanto las instituciones como todos los estamentos y miembros de la sociedad estamos involucrados en la vivencia, generación y persistencia de la pobreza y también de estas enormes desigualdades reveladas por el informe del PNUD.

Uno de los aspectos que explican la pobreza en Chile, tiene íntima relación con la forma en la que nos relacionamos. Así, hay pobreza que se genera y persiste a partir de relaciones sociales de dependencia, asistencia y exclusión, las que están presentes en la sociedad chilena a nivel institucional (servicios y programas de las políticas públicas) y social. Y sabemos que uno de los factores que contribuye a que existan este tipo de relaciones nocivas para la cohesión social, es el excesivo centralismo político administrativo que provoca el rezago de amplias zonas del país.

Administrar descentralizadamente una parte importante del presupuesto público permitiría, por ejemplo, no solamente evitar polémicas como la de los bingos para mejorar la infraestructura educativa, sino que ayudar a construir relaciones sociales que fortalezcan la cohesión social, eviten el maltrato institucional, el clientelismo frecuente y una más o menos fracasada "proyectitis" de la que sufre nuestra política pública hacia regiones. En efecto, hoy para acceder a los disputados fondos del FNDR, los municipios e instituciones deben formular proyectos de acuerdo a sus necesidades y a reglas del juego que no dan cuentan de prioridades de la población. Necesitamos mejorar nuestro sistema de evaluación social de proyectos que permita racional y focalizadamente atender a territorios rezagados y aislados que muchas veces no solo no tienen la capacidad técnica de formular proyectos, sino que ni siquiera entran dentro de los criterios de priorización de la política pública. Es lo que sucede, por ejemplo, y a raíz de nuestra participación en la iniciativa "Compromiso País", con miles de localidades apartadas y dispersas, condenadas a no tener agua potable domiciliaria. Sin duda que criterios de evaluación distintos a los actualmente existentes y que contemplen, por ejemplo, los niveles de rezago de los territorios, apuntarían a mayores grados de equidad territorial y permitirían alcanzar el bienestar de tantos chilenos.

El proceso de descentralización política, administrativa y presupuestaria que está en marcha debe agilizarse, adaptarse a las realidades regionales y frenar cuanto antes, las profundas diferencias en educación, salud e ingresos, a las que se suman las distancias, la conectividad y otras tantas desigualdades territoriales.

Desde la sociedad civil, estamos atentos y dispuestos a aplicar innovación y el trabajo de muchas organizaciones y profesionales, como lo hace Servicio País hace más de 20 años en pos de acompañar y movilizar los recursos siempre presentes hasta en los más lejanos lugares de nuestro país.