Por Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura
Después de los últimos antecedentes conocidos da la impresión de que por fin el cambio climático se ha instalado como tema. Hasta ahora se hablaba de éste como un fenómeno lejano y ante el cual era poco lo que se podía hacer al ser nuestro país muy pequeño y con poca gravitación en el calentamiento global. Sin embargo, hemos avanzado en forma significativa en la descarbonización de nuestra matriz energética, aunque todavía muy dependiente de fuentes hídricas para asegurar la continuidad del suministro. Hay expectativas de que la política industrial de promoción del hidrógeno verde alcance resultados y así contar con otra fuente no contaminante que nos asegure suministro constante. En esta misma dirección, se ha hecho un esfuerzo por electrificar el transporte público urbano, aunque este no es significativo en emisiones al compararlo con el transporte privado y solo tiene incidencia relevante en la medida que las fuentes de las que se alimenta no sean contaminantes.
Por su parte, la peor expresión del cambio climático para Chile como es la sequía ha puesto en tela de juicio nuestra capacidad de abastecimiento de energías limpias y de agua potable en las principales ciudades del país, sin contar el dramático efecto de esta en las zonas agrícolas que no cuentan con fuentes propias. Las empresas sanitarias han hecho un esfuerzo mayúsculo por resolver este problema y dar seguridad de abastecimientos a las comunidades que les toca atender, aunque sea en horizontes cortos. Por su parte, el gobierno ha tomado medidas paliativas importantes para las comunidades agrícolas, las que evidentemente no son la solución definitiva.
Habiéndose asegurado el consumo humano, por lo menos en el corto plazo, la pregunta es cómo se abordará este problema con medidas estructurales, que consideren, en ese orden, el consumo humano, la preservación ambiental de las cuencas y las actividades productivas de exportación, únicos factores que -en el mediano plazo- pueden asegurar un crecimiento sostenido de nuestro PGB y así proveer de los recursos que se requerirán para dar cuenta de las grandes deudas sociales que hemos detectado existen en el país.
No faltará el que sostiene que, de no haber agua en la zona central, quienes elaboran productos intensivos en agua se busquen otros lugares para llevar a cabo su actividad.
Creemos que someter a nuestro país a una exigencia de transformación productiva de esa envergadura sería de un altísimo costo social, económico y político, especialmente cuando hay alternativas que habrá que explorar y adoptarlas como parte de una política pública de aumento de oferta de agua.
Existe la posibilidad del trasvase de cuenca -hay proyectos presentados al sistema de concesiones y que aún no han tenido un pronunciamiento acerca de si son de interés público- y una serie de iniciativas de plantas de desalación multipropósito, las que, además de la minería, podrían servir para complementar las carencias de agua potable y facilitar agua para cultivos de alta rentabilidad, sin afectar los mínimos ecológicos de las cuencas. Todos estos proyectos requieren de la colaboración del Estado para materializarse.
Este es el momento de medidas audaces que permitan hacerse cargo de los grandes desafíos al que nos expone el cambio climático. Aumentar la oferta de agua debiera ser uno de ellos.
