Por Paolo Mefalopulos, representante de Unicef
Los efectos devastadores de la pandemia y la crisis económica que golpea al mundo y al país han reactivado el debate en torno a las deficiencias del sistema de seguridad social del país y la necesidad de fortalecerlos. Se han propuesto distintos mecanismos, uno de ellos el ingreso mínimo garantizado, que presenta una gran oportunidad para Chile en el marco de la Convención de Derechos del Niño y como parte del Sistema de Protección Integral de la Infancia y la implementación de la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez que hoy día se discute en el Congreso.
Desde el enfoque basado en los derechos de la niñez, la protección social contribuye a hacer realidad los derechos a la nutrición, la salud, el cuidado, el desarrollo, la educación, y el acceso a los servicios sociales tanto de niños, niñas y adolescentes como de sus familias. De esta forma, la protección social es también una herramienta estratégica para que estos puedan ejercer sus derechos y ampliar sus oportunidades de desarrollo que les permitan alcanzar su máximo potencial.
En 2017, cerca de un millón de personas menores de 18 años estaba en situación de pobreza multidimensional, es decir, son sujetos de múltiples carencias en los ámbitos de educación, salud, seguridad social, vivienda, entorno, redes y cohesión social. No sabemos aún en qué medida la crisis económica y sanitaria está afectando a la niñez, pero las estimaciones realizadas por distintos organismos internacionales anticipan un incremento significativo no solo en los niveles de pobreza de este grupo, sino también un aumento en el abandono escolar y el deterioro de la salud mental.
Ello es especialmente preocupante en tanto históricamente la pobreza ha afectado más a la niñez que al resto de la población. En efecto, la Encuesta Social Covid-19 reporta que más de la mitad de los hogares con niños, niñas y adolescentes declaran que no les alcanzan los ingresos totales para llegar a fin de mes, teniendo que tomar medidas que afectan la educación y la salud de la familia.
Considerando esta situación, es fundamental que la discusión de un ingreso mínimo garantizado priorice a las personas que son responsables de niños, niñas y adolescentes, independiente de su situación laboral, con el fin de apoyar transversalmente una crianza saludable.
Este ingreso mínimo para las familias se debe entender como parte de un piso de protección social sensible a la niñez, a través del cual el Estado se comprometa a garantizar un conjunto de prestaciones sociales efectivas que permitan el desarrollo de todos los niños, niñas y adolescentes.
La discusión que se ha iniciado respecto de un ingreso mínimo garantizado presenta una oportunidad única para mejorar la calidad de vida de la niñez en Chile, siguiendo la senda que muchos países con reconocido éxito han tomado para avanzan en la protección integral de la infancia.
