Inhabilitación de candidata presidencial en Venezuela

A mediados del mes pasado, los sondeos en Venezuela de cara a las elecciones primarias de la oposición, previstas para octubre próximo, no dejaban dudas. La exdiputada venezolana y actual candidata del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, lideraba por amplio margen las preferencias de aquellos que se mostraban dispuestos a participar en los comicios internos de la oposición al régimen de Nicolás Maduro. La encuestadora Poder y Justicia, por ejemplo, le daba un 57% de intención de voto, 37 puntos más que su principal competidor, el comediante y empresario Benjamín Rausseo. No pasó ni una semana desde que se conocieran esas cifras para que la Contraloría venezolana, cooptada por el régimen, emitiera una resolución a pedido de un diputado afín al chavismo, informando que la exdiputada estaba inhabilitada políticamente por 15 años.

El hecho volvió a dejar en evidencia las intenciones del régimen de seguir perpetuándose en el poder, para lo cual está dispuesto a recurrir a todo tipo de artimañas con el fin de bloquear a aquellos que puedan poner en riesgo ese objetivo, independiente de la coherencia de esas medidas. Machado había sido inhabilitada por 12 meses en 2015, luego de que liderara una serie de manifestaciones políticas contra el régimen, un periodo que se había cumplido largamente. Sin embargo, de forma arbitraria la Contraloría extendió esa inhabilitación a 15 años, aduciendo irregularidades en la declaración patrimonial de la exdiputada. La medida sigue el mismo guion aplicado por Daniel Ortega en Nicaragua, donde éste inhabilitó a todos los candidatos de la oposición, asegurando así su reelección en unos comicios abiertamente fraudulentos.

María Corina Machado es la tercera candidata de la oposición inhabilitada, sumándose a Henrique Capriles y Freddy Superlano. Los tres, sin embargo, han expresado su decisión de seguir adelante con sus campañas pese a la persecución del gobierno. Los últimos acontecimientos sólo vienen a confirmar que la supuesta disposición inicial del régimen a conversar con la oposición, en la mesa de negociaciones abierta en México, no era más que una nueva estrategia dilatoria para perpetuarse en el poder. Desde que Maduro asumió, en 2013, ha habido seis intentos de negociaciones, ninguno de los cuales dio resultados efectivos. Lo sucedido, además, confirma que el régimen no está dispuesto a asegurar un proceso electoral transparente en las elecciones del próximo año.

Frente a esa evidencia abrumadora sobre la actitud antidemocrática del gobierno de Maduro resulta inquietante la posición asumida por algunos países de la región, que siguen insistiendo en excusar las acciones del régimen. Los mandatarios de Brasil y Argentina, por ejemplo, durante la reciente cumbre de Mercosur, evitaron condenar lo sucedido con Machado. Si bien es positivo que en esa misma instancia los presidentes de Uruguay y Paraguay sí rechazaron este hecho con firmeza, se habría esperado una condena más amplia de parte de todos aquellos líderes de la región que dicen defender los principios democráticos.