Por Gloria de la Fuente, presidenta Fundación Chile 21
Desde hace algunos meses, sumado a las consecuencias del coronavirus y del estallido social, en Chile se viene instalando un debate urgente para la estabilidad del régimen democrático: la posibilidad de que los pesos y contrapesos permitan efectivamente el control entre las instituciones, garantizando la autonomía de los poderes del Estado.
Los hechos más evidentes del último tiempo se relacionan con dos iniciativas emblemáticas planteadas por mociones parlamentarias que en principio serían, de acuerdo a la Constitución vigente, de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Hace un tiempo fue el proyecto de las diputadas Vallejo y Cariola para rebajar la jornada laboral a 40 horas, y entrada esta semana, el denominado posnatal de emergencia. Una iniciativa, esta última, impulsada por un conjunto transversal de parlamentarias, que el gobierno y algunos actores del oficialismo no tardaron en tildar de “populista” por tratarse de un proyecto que solo puede promover el gobierno, según la norma vigente.
Este incidente gatilló un inédito anuncio presidencial de convocar a un conjunto de exparlamentarios y académicos para perfeccionar la admisibilidad de proyectos en el Congreso. No es menor lo que este debate denota y es preciso mirar sus implicancias con detalle.
Esta agria discusión no se produce en cualquier momento. Se da en medio de un estado de excepción constitucional y después de meses de haber sido testigos del estallido social más relevante que ha tenido este país desde la vuelta a la democracia, que ha planteado el cambio a la Constitución como uno de los principales pilares para la construcción de un nuevo pacto social, en medio de una crisis generalizada de la política y sus instituciones. Aun cuando resulta obvio que el Mandatario sostenga que “todos tenemos la obligación de respetar la Constitución y las leyes vigentes, incluso cuando esa Constitución y esas leyes no sean de nuestro agrado”, no parece correcto el camino de encauzar el debate desafiando a otro poder del Estado, en el actual escenario de cambio constitucional. Recordemos que, más allá de las vicisitudes que nos ha traído la pandemia, en noviembre se inició un proceso constituyente cuya discusión está en estado de latencia y que tendrá su primer hito en el plebiscito de octubre de este año.
Si existe una manera correcta de mirar este fenómeno es poniendo a la luz la naturaleza del régimen político en Chile, calificado por varios autores, de hiperpresidencialista. Entre los muchos problemas que tiene este tipo de configuración, preferente en América Latina, es que una crisis de gobierno, como ha quedado de manifiesto en Chile y en muchos países de la región, escala rápidamente a una crisis político-institucional, sin que el sistema ofrezca salida posible como sí lo hacen los regímenes parlamentarios. Al mismo tiempo, se hace difícil para un gobierno avanzar en su agenda si no cuenta con la mayoría en el Parlamento, cuestión cada vez más evidente en Chile ante un sistema que ha ido promoviendo la fragmentación y donde existe un legítimo interés de los representantes de poner sus temas en el debate público.
Así las cosas, en vez de generar fricción entre las instituciones o de optar por el camino que deteriore aún más nuestro polarizado debate, es mejor pensar en el futuro diseño que el proceso constituyente puede ofrecer en el asunto, de manera de poder propender en el futuro complejo que se avecina hacia los incentivos que garanticen la gobernabilidad y protejan la democracia.
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