Inquietante escalada de violencia en Ecuador

En 2017 la tasa de homicidios en Ecuador llegaba a 5,8 por cada 100 mil habitantes, lo que lo ubicaba como el segundo país más seguro de la región, sólo superado por Chile. Cinco años después, la tasa escaló a 26,68 y para fin de este año se estima que llegará a 40 por cada 100 mil habitantes, es decir, más de 7 mil homicidios en un año. De ser así, el país se convertirá en el tercero más violento de la región. Una deriva delictual de una rapidez inusitada y que tiene a Ecuador sumido en un clima creciente de inseguridad. Un sondeo Gallup aseguraba a comienzos de año que más del 60% de los habitantes del país se sentía inseguro, porcentaje que a la luz de los últimos acontecimientos no es aventurado sostener que sigue aumentando.

En agosto pasado no sólo fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien había sido un activo promotor del endurecimiento en la lucha contra las bandas criminales, sino que durante la primera vuelta varios candidatos tuvieron que ir a votar en medio de intensos operativos de seguridad y usando chalecos antibalas. Desde entonces el escenario ha estado lejos de mejorar. A fines de agosto, dos autos bomba estallaron en Quito y en Guayaquil, la segunda ciudad del país; la violencia y el enfrentamiento entre diversos grupos delictuales ha escalado a tal nivel que durante septiembre varias escuelas tuvieron que recurrir a las clases virtuales, en tanto que el Ministerio de Educación tuvo que destinar US$ 14 millones para dotarlas de seguridad privada.

Entre los factores que según los expertos han contribuido al avance acelerado de la criminalidad en el país se encuentra no sólo una dolarización de la economía con pocos controles financieros, la fragmentación de las bandas criminales, la penetración de carteles extranjeros y la caída en la inversión pública en seguridad, sino también el debilitamiento de la institucionalidad judicial y la profunda crisis carcelaria que desde 2020 han multiplicado los motines en los penales, detrás de los cuales se esconde una lucha de poder por el control territorial de las distintas bandas que operan en el país. De esta manera se sigue el mismo modus operandi de varias organizaciones delictuales de la región, como el brasileño Primer Comando de la Capital, que nació en las cárceles.

Todo ello se ha intensificado con la actual campaña electoral que culminará el 15 de octubre con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde llega con una leve ventaja de poco más de tres puntos el candidato de derecha Daniel Noboa frente a la abanderada correísta Luisa González. Pero más allá de quien sea el ganador deberá hacerse cargo de un país sumido en una escalada de violencia que no muestra visos de contenerse y que, según algunos, tiene a Ecuador al borde de un estado fallido. Por eso, independiente del camino que el futuro mandatario elija para responder a la deriva delictual, el caso ecuatoriano debe ser una poderosa advertencia para los demás países de la región, para que respondan a tiempo ante la penetración del crimen organizado.

Chile no ha estado ajeno a ello. No sólo experimenta un creciente aumento de la criminalidad, con evidentes señales de alerta como las amenazas a jueces y fiscales, sino además arrastra serios problemas carcelarios que a la luz de lo sucedido en Ecuador deben ser enfrentados con urgencia.