Por Felipe Harboe, abogado
En medio de definiciones presidenciales, una vez más la seguridad cobra un rol relevante. Emplazamientos sobre declaraciones pasadas o medidas a adoptar, cobran vigencia. Lo importante es no repetir fórmulas agotadas por la evolución delictual y asumir la nueva realidad de la economía digital y sus nuevos riesgos (ciber)criminales.
Cada día más comercios cuentan con medios de pago digital y las transferencias electrónicas se incrementan a diario. Si bien esto podría parecer una noticia de medios especializados en economía, la verdad es que la trascendencia para la seguridad del país y de las personas es relevante y supera con creces dicha especialización.
En Chile, los delitos contra la propiedad son la mayor proporción de la actividad delictual y, comparativamente, tenemos un triste récord al encontrarnos dentro de los países top 10 en este tipo de delitos. Si a esto le sumamos que el 98,3% de las investigaciones (con imputado desconocido) termina sin sanción judicial, entonces la situación es aún más grave, ya que esto opera como un incentivo negativo, la impunidad de sus autores, lo que a su vez incrementa esta “modalidad laboral”.
Al hacer doble click en los delitos contra la propiedad, el dinero en efectivo aparece como el principal foco de los delitos. Así, el asalto en la vía pública y el robo a cajeros automáticos, entre otros, e incluso las “mexicanas” entre bandas de traficantes, buscan hacerse del circulante.
En la otra vereda, el pensionado, el comerciante o el simple ciudadano de a pie, cada día debe gastar más para vivir con mayor seguridad. Así, según los sondeos, más de un 70% de los comerciantes aseguran haber tenido que “gastar” en la seguridad de sus negocios ante el alza delictual. Es decir, producir, vender y ser factor de comercio hoy es más caro, al tener que incluir en la ecuación de gastos el alza de los costos de seguridad, haciendo al comercio menos competitivo o económicamente inviable.
Por ello, toda medida que permita reducir el flujo de dinero en efectivo no solo mejorará procesos de pago, sino que eliminará riesgos de ser víctima de delitos y también permitiría reducir los costos necesarios para “vender seguro”.
La digitalización del dinero constituye un imperativo de política pública y estará en manos de la comisión especial de fijación de tasas de intercambio aportar al proceso de masificación de los medios de pago digitales en nuestra sociedad. En consecuencia, su decisión pende de los niveles de seguridad que se puedan aportar al comercio, las personas y la sociedad toda. Se trata entonces de una decisión que vendrá a complementar las políticas de seguridad de las actuales o futuras autoridades que estamos prontos a elegir y a las cuales a la fecha poco o nada se les ha oído al respecto. Chile necesita avanzar en políticas públicas integrales y de largo plazo, donde las diversas autoridades políticas, sectoriales e institucionales evalúen ex ante los impactos colaterales de sus decisiones.
