Aunque el emotivo discurso final de Isabel Allende en el Senado incluyó una ligera cuota de autocrítica por “no haber consultado más”, lo cierto es que la parlamentaria le cargó la responsabilidad al gobierno. Lo acusó de no recordarle la existencia de “una posible inhabilidad constitucional” en la celebración del contrato de compraventa por la casa de Guardia Vieja que perteneció a su padre y donde ella actualmente reside.

La excusa, como suele ocurrir, agrava la falta. Es indiscutible que el gobierno actuó de manera imprudente, desde el Presidente de la República para abajo. Pero también lo es que la parlamentaria lleva 31 años en el Congreso y ha sido presidente de la Cámara y el Senado. No resulta aceptable que alguien con su trayectoria descargue en otros su desconocimiento de las causales de cesación en el cargo que ocupó por tanto tiempo.

Lo primero que hace cualquier ciudadano medianamente consciente al asumir una posición relevante es averiguar qué le está permitido y qué no. Habría bastado que Allende diera una ojeada al artículo 60 de la Constitución para identificar las escasas causales que podían provocar su destitución. No parece mucho pedir.

La insoportable levedad de los argumentos de la senadora plantea interrogantes de fondo acerca de las condiciones de nuestra clase política. Porque, si una figura como ella, que ocupó cargos de elevada investidura y tiene tres décadas en el Congreso, admite públicamente que desconoce la ley que la rige y culpa a otros por su ignorancia, ¿qué se puede esperar del resto? Con su indolencia, la senadora se ha autoinfligido un daño severo. Pero también se lo ha provocado a la clase política entera, que la tenía por gran estandarte y que, en cambio, la ha visto caer por un inaudito error no forzado en medio de la perplejidad de todos.

Algo parecido cabe sostener acerca de la exministra Maya Fernández, quien logró superar una acusación constitucional, pero igualmente se vio forzada a renunciar por su involucramiento en el contrato de compraventa de la casa de Guardia Vieja, de la cual es copropietaria.

El Partido Socialista y el oficialismo han realizado sentidos homenajes a la senadora caída en desgracia. Incluso el Presidente de la República le dedicó palabras de “respeto y cariño” en la ceremonia en que juró el nuevo ministro del Trabajo. Es natural que el sector vea con dolor la sorpresiva defenestración de una parlamentaria cuyo apellido está tan lleno de significado e historia para la izquierda.

Una pregunta relevante al respecto es, sin embargo, qué se ha perdido más allá del perjuicio a un capital simbólico indiscutible para ese sector político. Observando la increíble ligereza con que parecen haberse tomado sus obligaciones la senadora y la exministra, no parece que haya demasiado más que lamentar.

Por Juan Ignacio Brito, periodista