Institucionalidad judicial y presupuesto

SEÑOR DIRECTOR:

Días atrás una noticia puso en duda la sostenibilidad del sistema judicial chileno: el presupuesto para el Poder Judicial sufrirá un recorte de más de 17 mil millones de pesos para el año 2025.

El Poder Judicial ha expresado su inquietud ante el impacto que esta reducción tendrá en áreas como el personal administrativo y judicial, y la renovación de licencias de software, elementos esenciales para el correcto funcionamiento del sistema. Pero las consecuencias van más allá de lo operativo.

El Centro de Investigación de Derecho y Sociedad de la Universidad Adolfo Ibáñez ha realizado un estudio, financiado mediante una licitación de la Asociación de Magistradas y Magistrados de Chile, sobre la forma en que se mide la carga de trabajo de los tribunales y la percepción que los jueces tienen sobre el volumen de trabajo al que están expuestos. Los resultados son alarmantes. A modo de síntesis, los jueces perciben que: (i) la sobrecarga laboral está afectando gravemente la calidad de la justicia; (ii) se ven obligados a simplificar sentencias de un modo que creen compromete sustancialmente su calidad; (iii) la presión del tiempo los lleva a descuidar tareas esenciales ; y (iv) la sobrecarga laboral también está deteriorando el ambiente de trabajo, al identificar un aumento en la tensión y el desgaste en las relaciones interpersonales.

Adicionalmente, es preocupante que el recorte tenga lugar en un contexto de baja confianza en el sistema judicial por parte de la ciudadanía. Por el contrario, va en la dirección opuesta al tipo de medidas y políticas públicas que pudieran mejorar indicadores existentes en la materia. Si bien se entiende el objetivo del Ejecutivo de lograr equilibrios macroeconómicos, estos no pueden ser a costa de instituciones fundamentales para el desarrollo económico y social de largo plazo, como lo es el sistema de justicia.

Felipe Aguila,

Bernardo Lara,

Ricardo Lillo,

Javier Wilenmann

Investigadores U. Adolfo Ibáñez