Interoperabilidad: un nuevo escenario para la modernización del Estado

Por Verónica Pinilla y Álvaro Vásquez, Área de modernización de Chile21

Una de las evidencias más importantes que nos está dejando la actual pandemia es la perentoria necesidad de priorizar y potenciar la modernización del Estado. En particular, mejorar la eficacia y eficiencia en la entrega de servicios a los ciudadanos se percibe como la demanda mas permanente. Existe una opinión transversal referida a que en esta coyuntura no se ha trabajado con una adecuada gestión de la información que posee el Estado, tanto a nivel estratégico como en la gestión de los programas sanitarios y asistenciales hacia las personas más vulnerables. Nos referimos, por ejemplo, a la necesidad de contar con datos integrados, que permitiera la identificación de beneficiarios reales, y la posterior entrega de servicios; o la situación sanitaria de la población y los datos asociados a su atención en período de pandemia. Lo que se requiere es que en el mediano plazo se logre un intercambio automatizado de datos, para focalizar, entregar, y hacer seguimiento integrado de los servicios y subsidios entregados a la ciudadanía y a las familias. El registro social de hogares y la telemedicina son algunos primeros pasos en ese objetivo.

El principal habilitante para lograr una gestión de intercambio automatizado de datos entre los órganos de Estado se conoce como interoperabilidad. El Estado chileno ha trabajado en este tema desde mediados de la década pasada. Actualmente se opera por medio de la Plataforma Integrada de Servicios Electrónicos del Estado (Pisee). Sin embargo, solo un 18% de la información es intercambiada por esta plataforma, y los mayores intercambios provienen y son utilizados por instituciones que no entregan servicios directamente a la ciudadanía. En los últimos años se ha concebido una nueva modalidad descentralizada, con una gestión centralizada del flujo y calidad del servicio a nivel global, siendo la última propuesta de la División de Gobierno Digital, DGD (2019), la que está en proceso de discusión en la mesa técnica de Interoperabilidad coordinada por dicha división.

Si bien la interoperabilidad se percibe como algo factible de implementar desde una perspectiva tecnológica y existen ofertas interesantes como experiencia comparada, acuden otras dimensiones que complejizan su operación.  En un informe reciente de la OCDE sobre gobierno digital en Chile, se evidencia que las instituciones públicas no desean compartir datos elaborados a partir de la relación con sus beneficiarios. Dado que no hay mandatos ni incentivos para que esto ocurra, se requeriría una estrategia global de gobernanza de intercambio de datos (OCDE 2020), la cual debería asumirse como una prioridad. En consecuencia, para avanzar hay que trabajar en una propuesta de valor clara y con un programa de trabajo acotado, con un rediseño de los procesos que permitan cumplir con la Ley 21.180 de Transformación Digital del Estado, asi como en estándares e infraestructura tecnológica que faciliten el intercambio automatizado de los datos. Todo lo anterior requiere de una sólida institucionalidad pública para su gobernanza, permitiendo la coordinación entre las más diversas instituciones que producen datos. En una presentación, Francisco Rodríguez, jefe de Gobierno Digital en el seminario Recomendaciones OCDE: Transformación Digital en Chile, organizado por el Ministerio de Hacienda y Segpres, se refirió a la necesidad de generar un ecosistema mayor de datos, de intercambio seguro, eficiente y respetando su regulación, centrado en el directorio de datos, catálogo de servicios y un gestor de términos y condiciones, con un servidor central. Estando esto en la línea correcta de desarrollo, permanece sin ser atendido la creación de incentivos, evidenciados por la OCDE, para que las instituciones públicas reduzcan los obstáculos, disponibilizando datos y haciéndolos compatibles unos con otros. Esto sin duda traería una mayor inteligencia para analizar datos, en un momento que el recurso tiempo es invaluable.

Es indispensable que para enfrentar la postpandemia el Estado chileno avance con mayor celeridad en un programa transversal de interoperabilidad, luego que en una década y media los resultados no han sido los esperados para un Estado que espera dar saltos reales en calidad y eficacia. Para ello es indispensable que se fortalezca el gobierno digital en un fuerte centro de gobierno, con potestades vinculantes para dirigir la transformación digital en el sector.

La declaración del ministro Briones en el seminario de la OCDE esboza las directrices del corto y mediano plazo, y señala que “en tiempos de pandemia, en que la interacción a distancia se vuelve vital, se hace patente la brecha de transformación digital que tenemos por delante y la magnitud del desafío”. En este sentido, los próximos esfuerzos relacionados con la modernización deben fortalecer el Centro de Gobierno, apuntando, entre otros objetivos, a transformar datos en información estratégica, permitiendo que nuestro Estado no solo parezca, sino alcance la digitalización.