Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar
Las bancadas de la oposición en la Cámara de Diputados han decidido interpelar al ministro de Educación. Esta herramienta fiscalizadora, de llegar a materializarse, puede resultar útil solo si ambas partes hacen buen uso de ella, es decir, si se formulan y se contestan preguntas.
No cualquier pregunta es útil en este caso. Si la interpelación se centra exclusivamente en los errores, descoordinaciones y contradicciones del ministro, puede terminar en una acción, aunque políticamente oportuna, bastante poco constructiva. Por otro lado, si los interpeladores se focalizan en cuestiones generales, puede perderse el sentido mismo de controlar la gestión de un Ministerio. Van algunas sugerencias para los parlamentarios.
Si uno se concentra en el interés ciudadano, lo más relevante a examinar es por qué, a tres meses de asumido el gobierno, no hay un diagnóstico de la situación nacional en materia de educación tras dos años de suspensión de clases presenciales. La ciudadanía tiene derecho a saber cuál es el estado de la educación chilena tras la catástrofe. No solo para sopesar las pérdidas, sino para tener certeza de que el plan de acción está sustentado. En otras palabras: ¿en qué evidencia, información, o estudios se basa el Ministerio de Educación para organizar, priorizar y ejecutar sus acciones y políticas? Hasta ahora tenemos bastantes opiniones e hipótesis bastante interesantes (como que la violencia escolar se relaciona con el regreso a clases “abrupto”) pero ninguna prueba. ¿Qué regiones o comunas priorizar? ¿Dónde se invierten los recursos públicos? ¿Fueron más afectados los estudiantes de educación básica o los de media? Lo que es más grave es que por razones ideológicas se ha solicitado suspender el Simce, única herramienta capaz de entregar alguna luz sobre este asunto. Puede no ser la herramienta de preferencia de las actuales autoridades, pero el punto es que no tenemos diagnóstico y eso nos va pasar la cuenta.
Por su parte, la autoridad ministerial estará tentada por repetir un libreto aprendido y a llevar la acción fiscalizadora a una especie de discurso televisado, o peor, un refrito de promesas de campaña. Este gobierno aún puede excusarse por ser relativamente nuevo, pero puede aprovechar la oportunidad para explicar su estrategia. Hasta ahora, su proceder ha sido inconsistente: dice priorizar el bienestar socioemocional de los estudiantes escolares, tan afectado por la suspensión de clases, pero al mismo tiempo alarga las vacaciones. Luego dice que no son vacaciones, pero tampoco propone clases remotas. Se compromete, una y otra vez, con la educación pública, pero se mantiene desafectado de los servicios locales de educación (el programa de gobierno comprometía un trato preferente y una instancia de coordinación de alto nivel, pero de eso, nada) y bastante impávido ante la demolición de la educación pública de la comuna de Santiago. Respecto de la condonación de las deudas educativas, se ha transitado del “no más deudas por estudiar” a “esto no es un perdonazo” a “les pido humildemente que sigan pagando”. Estos episodios generan confusión y hacen difícil ver la dirección hacia la cual se conduce la política educacional del país.
Un estudio del Observatorio de Ciudadanía, Convivencia y Bienestar Escolar en la Araucanía, de la Universidad de la Frontera, nos recuerda que dicha región tiene cifras de escolaridad considerablemente menores que el promedio nacional, lo que seguramente se ha agravado por la deserción escolar durante la pandemia. Un estudio del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo, por su parte, mostró el atraso en la vacunación a nivel parvulario. Mientras esperamos preguntas y respuestas, la crisis sigue ahí.
