Por Francisco Undurraga e Issa Kort, diputados Comisión de Relaciones Exteriores
Intensas y diversas reacciones ha producido el anuncio de la adquisición de la Compañía General de Electricidad (CGE) por la empresa China State Grid, operación que alcanzaría un monto de inversión de € 2.570 millones y que se concretaría en la Bolsa de Comercio de Santiago. Con el ánimo de querer contribuir al debate público, nos permitimos plantear una mirada respetuosa, responsable y reflexiva.
La primera pregunta que debemos formular es ¿por qué el grupo español Naturgy decide vender el 96,04% de su propiedad en CGE? ¿Qué ha pasado en Chile para que una empresa tan relevante decida vender la principal distribuidora de energía eléctrica del país? Creemos que hay diversos y preocupantes factores que motivaron esta salida del mercado nacional. Los mismos motivos podrían influir en otros inversionistas extranjeros para liquidar activos y salir de nuestro país o para quienes están evaluando invertir en Chile.
Ciertos detractores de esta operación comercial han afirmado que con esta negociación se corre el riesgo de “monopolizar” la industria eléctrica. Evidentemente, es relevante evitar distorsiones en el mercado y cualquier posibilidad de presiones indebidas a la autoridad, pero el mecanismo para ello no es la prohibición o desincentivo de la inversión, sino su correcta prevención y una justa, estratégica y oportuna regulación.
En tal sentido, si se quiere disminuir la dependencia monopólica de la industria energética e incorporar competencia, esperamos se apruebe pronto el proyecto de ley enviado por el gobierno que busca crear la figura del comercializador eléctrico, lo que haría disminuir la hegemonía de los distribuidores y, correlativamente, los riesgos de dependencia.
Voces respetadas y transversales proveniente del Congreso Nacional se han preguntado si esta compraventa es “conveniente” para Chile. Ellos creen que no lo es. Sin embargo, sostenemos que lo que sí es conveniente es generar un debate con alturas de miras y responsabilidad, equilibrio y estrategia. No es sano tomar posiciones apresuradas y sin ponderar la complejidad del asunto, ya que cualquier decisión en materia de inversión extranjera impacta en nuestra imagen país, confianza internacional, certeza jurídica, legislación vigente e intereses estratégicos.
No se trata de estar a favor o en contra de China, se trata de entender y defender lo que es favorable para Chile. El problema no es el país asiático ni sus inversiones extranjeras. Hoy vemos críticas y oposición a una inversión china, mañana puede ser en contra de una inversión norteamericana y pasado europea, japonesa o de cualquier lugar del mundo.
Chile iniciará la redacción de una nueva Constitución. Sería deseable, entonces, que sea en ese espacio donde se pueda actualizar nuestro marco normativo y seguir siendo un país con políticas de Estado serias, responsables y confiables, no solo para calificadores de riesgos y bancos internacionales, sino que para las empresas y fondos extranjeros.
Esperar la nueva Constitución no es sinónimo de congelar la interacción internacional de Chile, por el contrario, debemos seguir buscando las opciones que le permitan al Estado obtener recursos para financiar las demandas sociales que enfrentamos. El Senado de la República tiene una oportunidad histórica para reafirmar la exitosa integración multilateral de nuestro país e incrementar nuestros vínculos comerciales y dejar de depender de una u otra potencia, aprobando sin miedo y con responsabilidad el TPP11, que ya fue aprobado por las comisiones de Relaciones Exteriores y Hacienda. Dar luz verde a este tratado será una señal de Estado y evitaría seguir incrementando los costos de oportunidad, producto de nuestra ausencia, el cual iría en US$ 6.000 millones.
Chile gana cuando diversifica y amplía los mercados para nuestras exportaciones, importaciones e inversión extranjera.
