Jaleo migratorio

Dicen que un martillo solo ve clavos. Es lo que les sucede a muchos en la Cancillería a la hora de evaluar la firma de un tratado o un pacto; la respuesta automática, especialmente del área multilateral, es "firmemos". Pero así como el martillo se puede equivocar y golpear la cabeza de algo que no es un clavo, lo propio puede ocurrir con la firma de un tratado o pacto. Que lo digan si no quienes se han visto privados de inversiones de gran rentabilidad económica y social por aplicación del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. Por eso, a la hora de decidir la firma de un tratado o pacto que incide en materias importantes para el país, no es solo el Ministerio de RR.EE. el que debe evaluar su conveniencia. Se equivocan entonces los senadores Insulza y Lagos Weber en sus críticas al gobierno de Piñera.

La migración es quizás hoy día el tema más relevante de la política mundial. Ha decidido elecciones en algunas de las potencias más importantes en los últimos años, y lo seguirá haciendo. Por eso, la pretensión de los senadores de que esto se decida en la Cancillería está completamente fuera de lugar.

En Chile el tema es crucial. Nuestro país será en los próximos años receptor de migrantes, pues su escasa población, baja natalidad y atractivo nivel de vida para nuestros vecinos hacen que necesitemos migración y que haya gente dispuesta a migrar. La cuestión no es si habrá o no migración, sino cómo será esta. Pero, además, resulta que Chile se encuentra en pleno proceso de tramitación de una ley que cambia nuestra regulación en esta materia, que data de los años setenta. Este proyecto se presentó luego de un intenso flujo de inmigrantes en los últimos años.

Estimaciones de Extranjería y Migraciones del Ministerio del Interior indican que entre enero 2015 y diciembre 2017 ingresaron al país aproximadamente 700 mil inmigrantes, con lo que la población extranjera residente pasó de 2,3% a 5,9% en tres años. Pese a ello, la administración anterior no impulsó una política migratoria eficaz y presentó recién a fines de su mandato un proyecto de ley que, pese a sus mayorías en el Congreso, fue rechazado en sus primeros trámites y calificado de incompleto e insuficiente.

La piedra angular del proyecto de migraciones del gobierno de Piñera es la distinción entre la migración regular y la irregular. El examen del texto del Pacto Migratorio de la ONU llevó a los expertos chilenos a la conclusión de que esa distinción no era recogida de manera eficaz en ese instrumento, pues en varios de sus acápites, como aquellos relacionados a las prestaciones y apoyo a los migrantes y reunificación familiar, entre otros, no se hacía una diferencia. Por otra parte, como lo han señalado destacados expertos en Derecho Internacional como el ex director jurídico de la Cancillería Hernán Salinas, el ordenamiento jurídico interno ha pasado a ser permeado por un conjunto de normas internacionales, de carácter convencional o consuetudinario, las cuales se han incorporado a la normativa interna, siendo aplicadas e interpretadas por los tribunales de justicia, los órganos legislativos y las autoridades administrativas de los estados.

La prudencia entonces obligaba a que Chile pidiera la revisión de aquellos aspectos del pacto que se interponían con nuestras políticas o hiciese reserva de ellos. Según ha informado el diario electrónico El Líbero, nuestro representante ante la ONU, embajador Milenko Skoknic, debía, en un discurso, hacer ver estas aprensiones de Chile en la asamblea en que se sometiera el pacto a la aprobación de los países de la organización. El embajador, que aspiraría a un cargo en la ONU en el ámbito de las migraciones, se habría negado a pronunciar ese discurso en los términos en que había sido aprobado por la Presidencia de la República y sugerido, en cambio, adecuarlo a las recomendaciones del pacto de la ONU. Esto habría provocado, en definitiva, la negativa de Chile a sumarse al pacto. Esta situación, de ser efectiva, sería de la mayor gravedad. Los integrantes del servicio exterior, como otros funcionarios públicos, están al servicio del país y no pueden conducir sus actuaciones basados en sus temores alimenticios.