Entre 2019 y 2022 si de algo se comentó, debatió y analizó fue de la Constitución, la que se supone debíamos reemplazar y la que proyectaríamos como país. Hubo dos procesos constitucionales fallidos y cientos de horas de análisis de todo tipo sobre los beneficios y perjuicios tanto de la Carta vigente como de las propuestas. Si a esto le sumamos las campañas anteriores, podríamos llegar fácilmente a un lustro de polémicas y críticas sobre el pacto de convivencia que nos rige.

Bajo la sombra de estos hechos fue que esta semana Francisca Moya, jefa jurídica de la Secretaría General de la Presidencia, declaró en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre la frustrada compra de la residencia del expresidente Allende. La abogada sostuvo que ella y su equipo sabían que el decreto 38, que el Presidente Gabriel Boric firmó para la compraventa, podía transgredir la Constitución. Es decir, tuvieron noción de que la Constitución contiene dos artículos que prohíben explícitamente a ministros y parlamentarios celebrar contratos con el Estado, lo que evidentemente impedía la transacción. Uno de los diputados le preguntó a la abogada si le advirtió esa inquietud al Presidente, y Francisca Moya, amiga desde la Facultad de Derecho del Primer Mandatario, respondió: “Lo que a nosotros nos corresponde en este proceso es un aspecto muy específico (…), que es la revisión técnico-legal de este acto administrativo en particular, que para el caso que nos reúne hoy, es el decreto 38″. Con esta respuesta lo que quiso decir es que si era o no era inconstitucional, a su equipo (jurídico) no le concernía, por lo que no constató sus dudas sobre el punto y, aparentemente, no se lo mencionó al Presidente. De este peculiar razonamiento se pueden concluir algunas hipótesis: que la abogada Moya esté sacrificando su prestigio profesional para evitar que la indagación escale; que la falta de criterio y desprolijidad sea un sello generalizado dentro de los cargos de confianza del gobierno -recordemos la chapucería del caso indultos-, puesto que se contabilizó que el procedimiento fue revisado por 17 abogados, sin que ninguno hubiera alertado de la situación; que simplemente nadie se atreviera a contradecir el deseo explícito del Presidente Boric de comprar la casa de Guardia Vieja, o que, a fin de cuentas, la Constitución no le importaba lo suficiente a ninguno de ellos como para leerla o incorporarla en una “revisión técnico-legal”, lo que se contradice con años de una discusión constitucional impulsada por quienes hoy están en La Moneda. Las hipótesis no son excluyentes y todas refuerzan un patrón de superficialidad y frivolidad del que este gobierno ha hecho un estilo identitario que, a juzgar por los hechos, nadie allí dentro evaluó reformular.

La ministra Maya Fernández salió del gabinete. La senadora Isabel Allende fue expulsada del Senado. Esas son las consecuencias. Frente a la destitución de la senadora, el Presidente Boric subió un mensaje en su cuenta de redes sociales, reconociendo su labor y dando a conocer que él tiene “plena certeza de su integridad y que jamás, jamás ha intentado sacar ventajas pequeñas”, añadiendo que, “por cierto, la figura de su padre, expresidente de la República que murió en defensa de nuestra democracia, de Tencha, Beatriz y toda su familia, son universales y jamás serán mancilladas”. El tono de esta frase sitúa el asunto en un espacio familiar, doméstico, de círculos de conocidos de toda la vida que se tratan por el apodo –“Tencha” llama a la señora Bussi-, algo poco apropiado para la profundidad del daño infligido y el alcance de la chambonada (a la que no hace referencia alguna). Asimismo, el adjetivo “universal” y el adverbio “jamás” se suman a esa tendencia a la inflación verbal de los mensajes presidenciales, en donde el abuso de frases apremiantes dichas con emoción intensa rara vez resultan coherentes con las decisiones o conductas posteriores del gobierno. Ocurrió durante la campaña y ha vuelto a ocurrir como un gesto repetitivo: alocuciones de urgencia perentoria sobre variados asuntos que a la vuelta de los meses el mismo gobierno descuida. Si el objetivo del comunicado sobre Isabel Allende era un mensaje a la ciudadanía en general de reconocimiento a la senadora, no un desagravio entre amigos o parientes por algún episodio bochornoso a la hora del té, entonces ni el tono ni el contenido fueron los apropiados. El elitismo ha dañado mucho a la izquierda aquí y en el mundo como para perseverar en señales como esa.

El daño provocado no es solo un asunto que le concierne a la familia Allende, o al Partido Socialista; las explicaciones sobre la fallida compra no se las debe solo a quienes componen esos grupos, sino al país: hasta hoy no se entiende la razón para que 900 millones de un ministerio como Cultura, con los museos en estado de emergencia permanente, con centros culturales en crisis financiera, o fundaciones como Artesanías Chile con el agua hasta el cuello, fueran destinados a una casa (dos y otros tantos millones si sumamos la de la familia del expresidente Aylwin) sin un proyecto claro sobre su objetivo o colección. Si este mismo gobierno ha recortado el presupuesto de asuntos tan básicos como la compra de libros de las bibliotecas escolares, ¿cómo es que existían los recursos para sumar una nueva casa museo a su red?

La juventud del Presidente y de sus cercanos fue durante años un atributo presentado como una virtud que los distanciaba de los políticos mayores. Lo que hasta el fin de la campaña era una cualidad, comenzó a ser percibido rápidamente como un lastre en cuanto asumieron el gobierno. Pese a las advertencias y las críticas -incluso interna de sus aliados- no han sabido siquiera hacerse cargo de la responsabilidad que les cabe en haber reventado sus propias causas, dañando no solo la propia credibilidad, sino también las instituciones que se suponía habían llegado a rescatar.