Por Hernán Cheyre, Centro de Investigación Empresa y Sociedad (CIES), U. del Desarrollo
En su célebre libro “Por qué fracasan las naciones”, Acemoglu y Robinson plantean como argumento central la importancia que reviste la calidad de las instituciones como factor explicativo de las diferencias observadas en el desarrollo de los países, mostrando con bastante claridad que aquellas naciones más rezagadas son precisamente aquellas que no han logrado crear un ordenamiento institucional adecuado. El caso de las dos Corea es bastante ilustrativo de la fortaleza de este argumento: con geografías similares y con poblaciones homogéneas, mientras Corea del Sur optó por un camino que fomentó la libertad de emprendimiento, el derecho de propiedad y la competencia, lo que le ha permitido convertirse en una de las economías más prósperas del planeta, Corea del Norte siguió el camino clásico de las dictaduras comunistas basadas en la planificación central, sin propiedad privada, sin mercado, sin competencia, sin libertad de ningún tipo, en las antípodas de lo que hoy día conocemos como un estado de derecho, y este camino la ha conducido al estancamiento y la pobreza.
En el caso chileno, los vilipendiados 30 años, que permitieron triplicar el ingreso per cápita de los chilenos; que redujeron la pobreza desde casi 40% en 1990 a menos de 10% en 2017; y que también permitieron reducir en un grado importante los índices de desigualdad, especialmente en las nuevas generaciones, tuvieron como telón de fondo un marco constitucional que permitió recorrer este camino.
De cara a la nueva realidad, el desafío de la CC consistía en elaborar una nueva Carta Fundamental que se hiciera cargo de las nuevas demandas ciudadanas y que introdujera cambios en aquello que había que mejorar. Lamentablemente, quienes controlan la CC no lo han entendido así, y se ha optado por el camino del “bulldozer”. Los primeros artículos que han sido aprobados por el pleno de la CC para formar parte del texto final ya dan cuenta de una mirada refundacional, y en los temas que aún se discuten en las comisiones, las “concesiones” que se ha hecho ante posturas diferentes no están cambiando en forma relevante el fondo del asunto: la libertad de emprendimiento está quedando más debilitada, así como el derecho de propiedad; la promoción de la competencia por parte del Estado no fue aprobada como parte del texto, lo cual podría dejar en una situación ventajosa a las empresas estatales; y hay varias materias que están quedando sometidas a leyes futuras, cuyo tenor va a depender de las mayorías circunstanciales de cada momento.
Lamentablemente, lo anterior se va a traducir inevitablemente en una menor certeza jurídica, factor fundamental para incentivar la inversión y el emprendimiento. Esto podría derivar en una gran frustración para quienes aspiran a un mejoramiento en su nivel de vida en el mediano y largo plazo, que es lo que se les prometió, por cuanto hay una alta probabilidad que el potencial de crecimiento económico de Chile se vea afectado negativamente de persistir en esta tendencia. Los convencionales están jugando con fuego.
