Juicio por jurados y profundización democrática

Por Marco Fandiño, director de Estudios y Proyectos del Centro de Estudios de la Justicia de las Américas (CEJA)

Prendemos el televisor y vemos un juicio por jurados en la ciudad de Springfield. Moe recibe una bolsa con dinero mientras declara como testigo y Homero se pone unos lentes con ojos dibujados para dormir durante el juicio. Cuando todo el jurado considera que el imputado es culpable Homero defiende la inocencia para seguir disfrutando de las comodidades del hotel. Este ejemplo ridiculiza varios de los prejuicios, falacias y mentiras habituales sobre el juicio por jurados.

La primera mentira es que es un invento gringo. El juicio por jurados nace con la Carta Magna de 1215 como una concesión de Juan I de Inglaterra a un grupo de barones rebeldes. Desde entonces se ha expandido por todo el mundo para servir de cortapisa a las autoridades estatales y transferir poder efectivo a la ciudadanía. Por eso Simón Bolívar fue un férreo defensor de esta institución para debilitar la justicia monárquica. El jurado latinoamericano tiene una raigambre propia relacionada con los procesos de independencia y descolonización.

Hay quienes dicen que la gente “común y corriente” es muy punitivista y que el juicio por jurados supondría seguir engordando al leviatán del Estado. Esta es una falacia clasista que puede responderse desde varios ángulos. Primero, la función del jurado es solamente decidir si la persona imputada es culpable o inocente. La fiscalía sigue estando a cargo de iniciar las investigaciones, imputar delitos y solicitar la pena a aplicar y al juez profesional le corresponde decidir cuál será la pena impuesta. Segundo, la evidencia dice que no existe una gran desviación entre las decisiones que toman los jurados en comparación con los jueces profesionales. Tercero, el sesgo machista se resuelve con el jurado paritario que ha logrado instalar el movimiento feminista y juradista en Argentina. Cuarto, el veredicto de culpabilidad debe ser tomado en base a la virtuosa regla de la unanimidad.

Existirán quienes sigan pensando que bajo ningún concepto querrán someterse a la decisión de un jurado. Les recuerdo que el jurado popular es un derecho de la persona imputada y no una obligación. El derecho a un juicio por jurados es la última válvula de escape en caso de sufrir una persecución penal abusiva que un juez profesional pasaría por alto debido a la tendencia de estos a la defensa corporativa entre pares. El jurado debilita los entramados institucionales que dificultan el accionar de la justicia. Pensemos por un momento en un jurado popular resolviendo el caso de Camilo Catrillanca o el caso Corpesca.

Optar por el juicio por jurados no supone desatender problemas urgentes como la dramática situación carcelaria, la ineficiencia del Ministerio Público combatiendo la criminalidad compleja o la capacidad investigativa de las policías. El juicio por jurados es la mejor de las escuelas cívicas y contribuiría al empoderamiento ciudadano, la generación de legitimidad y la profundización del sistema democrático.