SEÑOR DIRECTOR:
El reciente protocolo de acuerdo suscrito entre el gobierno y los dueños del terreno donde se emplaza la megatoma de San Antonio confirma una realidad preocupante: la manifiesta erosión de la juridicidad en el país. No se trata solo de un acto administrativo, sino de una decisión que pone en jaque la separación de poderes y el derecho de propiedad, al subordinar principios fundamentales del orden jurídico al voluntarismo de la autoridad.
En momentos en que Chile necesita atraer inversión y garantizar certezas jurídicas, este precedente envía una pésima señal institucional. Si bien esta situación responde a una demanda social largamente postergada, ¿persistirá la autoridad en debilitar las bases del orden jurídico, comprometiendo así la estabilidad democrática?
Carlos Opazo
Abogado y académico
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.