La sacudida sanitaria del covid-19 nos hará replantearnos muchos aspectos de nuestras vidas, el cómo vivimos y también la función que cumplen las instituciones públicas en la organización de la sociedad. La discusión sobre la nueva Constitución será el escenario ideal para tener ese debate, con altura de miras y pensando en el Chile del futuro.
Pero la reflexión no solo es futura, sino que el covid-19 también exige adoptar medidas concretas para enfrentar la crisis. En ese contexto, quiero compartir con ustedes dos medidas que hemos promovido desde el Colegio de Abogados en estos días. Estas iniciativas se han desarrollado desde un espíritu de unidad gremial y pensando en todas las personas que se vinculan al acceso a la justicia. Quiero destacar especialmente la disposición de la unidad porque para nadie es un secreto los desafíos que presentó la conformación del actual Consejo General del Colegio de Abogados, con una elección innovadora, y renuncias varias, incluyendo la del presidente que estaba recién electo. Estos son tiempos de la unidad y del espíritu de colaboración.
La primera medida, es la promoción de una norma transitoria sobre el funcionamiento de los tribunales en el país. La presidenta del Colegio de Abogados acompaña por distintos consejeros se reunión con el presidente de la Corte Suprema, con el ministro de Justicia y además se participó de forma muy activa en la discusión que se desarrolló en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y del Senado. El Colegio de Abogados manifestó su preocupación por el resguardo de la salud de quienes trabajan en los tribunales de justicia y los abogados y terceros que deben acudir ante los tribunales. En este sentido, junto con valorar la prórroga e interrupción de plazos, hicimos ver la necesidad de que la norma estableciera una suspensión general de las audiencias, salvo aquellas que son de imperiosa necesidad, evitando un análisis casuístico de posibles suspensiones. La máxima era entender que el resguardo de la salud de quienes interactúan a través de los tribunales debe ser la prioridad, entendiendo, además, que existen un sinnúmero de otras actuaciones judiciales que se pueden seguir realizando. Felizmente, ese fue el tenor en que se aprobó el proyecto de ley.
La otra preocupación ha sido el resguardo de la salud de aquellas personas que se encuentran privados de libertad en recintos penitenciarios, ya que el alto hacinamiento los transforma en un lugar propenso al contagio. En este sentido, se ha valorado el proyecto de indulto general presentado por el Ministerio de Justicia, ya que otorga protección a las personas condenadas y permitirá que se reduzca la población penal, disminuyendo las posibilidades de contagio. Asimismo, se ha invitado a hacer una revisión de la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva, solicitando que los tribunales, defensores y fiscales funcionen coordinadamente para evaluar la posibilidad de aplicar otra de menor entidad.
Recogiendo este espíritu de unidad y colaboración, es posible afirmar que estas dos medidas promovidas por el Colegio de Abogados tienen como trasfondo un paradigma básico y esencial, consistente en que la justicia tiene que estar al servicio de las personas. Es de esperar que este paradigma se mantenga en el tiempo y que siempre recordemos que las personas no podemos ser instrumentalizadas, ya sea para el acceso a la justicia, como en todas las áreas del desarrollo humano.
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