SEÑOR DIRECTOR:
La situación en los tribunales del país es crítica y debe abordarse con urgencia. La carencia de jueces y funcionarios ha generado un retraso mayor en el sistema judicial, afectando directamente el acceso oportuno a la justicia para la ciudadanía. Esta crisis se ve agravada por la promulgación de más de 54 leyes en los últimos 10 años sin una adecuada asignación de recursos ni planificación para su implementación efectiva.
Ejemplos claros de esta realidad son la “Ley Karin”; “La Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género” y la “Ley de Responsabilidad Parental”. Si bien estas normativas son fundamentales y responden a necesidades sociales, su implementación sin la entrega de recursos suficientes ha sobrecargado aún más un sistema judicial ya debilitado.
El constante aumento de cargas de trabajo sin el apoyo necesario ha impactado gravemente la eficiencia, calidad y tiempos de respuesta de los procesos judiciales. Esta situación no solo vulnera los derechos de quienes buscan justicia, sino que también pone en riesgo la legitimidad y el funcionamiento del sistema judicial.
Es imperativo que las autoridades tomen medidas concretas y asignen los recursos humanos y económicos necesarios para revertir esta situación. Cada reforma legislativa debe ser evaluada en términos de su impacto y acompañada de los recursos que requiere, garantizando así que el sistema de justicia pueda cumplir su rol esencial en un Estado de Derecho.
Mariela Hernández Acevedo
Pdta. Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados
