Por Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar
En el último tiempo, lamentablemente, hemos visto un deterioro en la calidad de la discusión legislativa. En materias de educación, ello es bastante notorio. Se evidencia en la presentación de iniciativas poco prolijas; discusiones que muestran desconocimiento y falta de estudio de las materias en cuestión, y, una vez más, en la politización de la educación.
En el proyecto de ley de kínder obligatorio se observan varios de estos problemas, al punto de que la sola “sospecha” de que algo no cuadraba de ciertos senadores bastó para oponerse a la moción. Así la discusión en la Sala, que llegó incluso a tildar de criminal el proyecto, terminó aprobando indicaciones que echan atrás la obligatoriedad del kínder, dejando no solo sin fundamento al proyecto propiamente tal, sino que contrariando la propia Constitución.
Al parecer, desde que se discutió la reforma constitucional hace siete años, las prioridades han cambiado. En su oportunidad se aprobó de forma unánime que kínder fuese obligatorio, pues se comprendía la relevancia de la formación inicial y la necesidad de la medida para poder promover la participación del nivel. Si bien al día de hoy la cobertura es del 93%, en los últimos años ha disminuido: el 2015 era del 97%, lo que podría empeorar por efectos de la pandemia. Además, la baja asistencia que se observa en kínder da cuenta que aún no existe un compromiso por parte de los padres con la educación parvularia, ni se comprende la relevancia que tiene para el desarrollo cognitivo y social de los más pequeños. En efecto, uno de cada cuatro niños de establecimientos municipales presenta ausentismo crónico.
Las críticas hechas por los parlamentarios para justificar sus indicaciones no tienen mayor fundamento. Algunas no tienen relación con el proyecto propiamente tal, sino con materias que requerirían de una reforma más profunda, como un cambio al sistema de financiamiento de la educación. Las otras no consideran los avances que se han dado en el nivel, como en materias de calidad, o han sido resueltas satisfactoriamente por la subsecretaria. Por ejemplo, se ha criticado que no existirá capacidad suficiente para asumir el aumento de matrícula, sin embargo, solo un 5% de los niños (308 párvulos) no podrían ser absorbidos por la capacidad ya instalada, y para esos casos se disponen de fondos para nueva infraestructura.
El revés que han dado los senadores al proyecto, no solo desconoce la realidad del nivel y la prioridad que debe darse a la formación inicial, sino que constituye una actitud a todas luces cuestionable, al oponerse a legislar un proyecto que busca satisfacer un mandato constitucional entregado al legislador -materializar el derecho de acceso al segundo nivel de transición- y contrariando el deber que tiene el Estado de promover la educación parvularia.
