Por Juan Francisco Cruz, Observatorio Judicial
La discusión sobre el proyecto de indulto debe centrarse en categorías político-morales. El debate ha girado, principalmente, en torno a su naturaleza jurídica -si indulto o amnistía- y sus problemas técnicos, tales como determinar el número y circunstancias penales de los “presos de la revuelta”. Sin embargo, permanece en silencio el real meollo: su justificación. Es decir, qué razones validarían -y si es que existen- el perdón a quienes han atentado contra bienes humanos como el espacio público, la dignidad de pequeños comerciantes o la vida de carabineros.
Los promotores del indulto argumentan que el perdón traerá paz social. Pero, ¿es cierto? Al menos la opinión ciudadana mayoritaria los contradice. Según Cadem, un 62% está en contra. La última encuesta CEP fue categórica: el 88% afirma que nunca o casi nunca se justifica participar de barricadas o destrozos como forma de protesta. Qué decir de saquear o incendiar, el 93% de la ciudanía no lo avala. A su vez, la reciente encuesta Bicentenario UC muestra que solo un 22% de la población valida el uso de la violencia cuando se buscan mejores condiciones de vida.
Entonces, ¿qué les hace pensar a los senadores que el perdón -sea cual sea su forma jurídica- traerá paz, cuando el gran porcentaje de los chilenos y chilenas no justifica y repudia el tipo de acciones delictuales imputados a los “presos del estallido”? Su aprobación desconocería las -a mi juicio- correctas intuiciones de justicia de la mayoría. ¿De verdad piensan crear paz mediante un instrumento que produce amplia división? Sería bueno que los senadores reflexionaran sobre las condiciones de posibilidad que exige la paz social.
En efecto, difícilmente un proyecto que es indiferente hacia las víctimas, los “presos comunes” de siempre y las intuiciones morales de la ciudadanía podría generar paz social. Al contrario, esa indiferencia muestra el particularismo que anima a este proyecto, el cual solo traerá reconciliación para los políticos hostigados por su conciencia ideológica y por grupos de presión. La amnistía tranquilizará a una minoría organizada, pero a costa de una gran mayoría que rechaza la violencia política y que, por tanto, significará el perdón legal como impunidad y frustración.
Si el indulto-amnistía no traerá paz social, entonces vuelve a surgir la pregunta: ¿qué lo justifica? Algunos señalan que corregir el abuso de la prisión preventiva. Sin embargo, la amnistía trasciende en mucho la discusión jurídica y judicial de dicha cautelar. En efecto, la amnistía toca, al menos, tres cuestiones sustantivas de una democracia: el vínculo entre agencia y responsabilidad, la relación ética entre medio y fines, la igualdad ante la ley. Por tanto, podríamos consensuar que existe un abuso de la prisión preventiva o que es jurídicamente defectuosa, pero eso no conlleva a eximir de responsabilidad delictual.
En síntesis, ¿existen razones morales o políticas para quebrar el vínculo entre acción y daño, o que justifiquen el uso de medios violentos o una alteración a la isonomía? Pienso que no y que las dadas son insuficientes. En ese sentido y dado el lugar simbólico que ocupan los “presos de la revuelta”, el mejor camino para la paz social es que los tribunales y actores jurídicos actúen con la mayor rapidez posible en resolver dichas causas conforme a nuestras leyes.
