Por Ricardo Abuauad, Decano Campus Creativo UNAB, Profesor UC
Irací Hassler informa que regularizará el comercio ambulante mediante permisos a más de mil vendedores del centro de la ciudad. Su argumento es que esto permite el “ordenamiento democrático del territorio”.
El Charter of Public Space de ONU-Habitat define el espacio público como “los espacios de propiedad o uso público, accesibles y disfrutables por todos gratuitamente y sin ánimo de lucro”. En el Módulo 5 Public Space indica que “es el rol de los gobiernos locales el asegurar la adecuada provisión de estos espacios …”. ¿Dónde nos deja eso? Parece claro que el espacio público solo mantiene esa condición si no se privatiza, si se resguarda su condición de “accesible y disfrutable por todos”. Que el mismo gobierno local llamado a asegurarlo decida entregar nuestro espacio urbano al comercio ambulante es una flagrante trasgresión a ese principio fundamental.
Pero existe además otro error: el comercio ambulante es una competencia desleal para el establecido, para ese que debe arrendar y mantener los locales donde se instala; pagar patentes e impuestos; dar trabajo. Para ese comercio que pone en valor los edificios patrimoniales y que se ha visto ferozmente golpeado. ¿Qué tiene de “democrática” esta decisión que vulnera los derechos de esos vecinos, esos contribuyentes? Una “cachetada”, la han llamado ellos.
Al revés de lo que propone Hassler, Madrid ha desarrollado campañas de concientización con slogans como “tu decisión importa; cada vez que compras, eliges la sociedad que construyes”; “estás contribuyendo a la destrucción de empresas y empleos”; o “estás colaborando con una actividad que deteriora el entorno y la calidad de vida de tu ciudad”. Las comparaciones son odiosas, pero desde al menos el 2018 -muy en la línea de Madrid- Evelyn Matthei en la vecina Providencia ha sido consistente en la batalla contra este tipo de comercio.
La Mesa Público Privada del Observatorio del Comercio Ilícito, en 2018, propone una serie de medidas, entre ellas el control disuasivo; aumentar la educación del consumidor con campañas (como la madrileña, por ejemplo); penas para la oferta y la demanda; y, por supuesto, eliminar permisos municipales para comercio callejero. ¿Leyó la alcaldesa ese informe, firmado por servicios públicos, cámaras y asociaciones gremiales, ministerios y la misma municipalidad que ella dirige hoy?
La votación que puso a Irací Hassler en su puesto es un mandato ciudadano, sin duda. Pero no hay que olvidar que ser edil del casco histórico es una responsabilidad especial. Como decía Robert Crawley, el personaje de la serie Downton Abbey, refiriéndose al patrimonio que heredó: “mi fortuna es el trabajo de otros que construyeron una gran dinastía. ¿Tengo derecho a destruir su trabajo? Soy un custodio, no un propietario. Debo luchar por ser merecedor de la tarea que se me ha asignado”. Con esta decisión, que espero ella reconsidere, la alcaldesa arriesga esa obra colectiva de siglos, ese frágil y golpeado patrimonio que nos pertenece a todos.
