Por Gloria de la Fuente, presidenta de la Fundación Chile 21
A estas alturas, para nadie es una sorpresa que la única manera que tendremos de sortear con mediana esperanza esta pandemia (porque ya no podemos hablar de éxito) será con una cuarentena efectiva, que evite la libre circulación de las personas en la vía pública, las aglomeraciones, los atochamientos y cualquier otro foco de contagio. Esta es una medida excepcional, que solo se justifica en un régimen democrático como el nuestro. Desde que el virus se propagó de manera inusitada, especialmente en la Región Metropolitana, hay que buscar las maneras de generar las condiciones para que los ciudadanos efectivamente cumplan con las medidas de confinamiento y evitar tener que lamentar las ya malogradas cifras de contagios y muertes.
Para que ello ocurra, es preciso que las señales hacia la población vayan en la línea correcta. Por eso, cuesta entender que antes de despachar la iniciativa que establece el Ingreso Familiar de Emergencia, recién aprobado en el Senado, se pusiera a inicios de la semana el foco en el endurecimiento de las penas mediante un proyecto de ley que lo que busca es sancionar a quienes infrinjan las medidas sanitarias de confinamiento. Esta iniciativa, criticada por sectores de la oposición y cuyo reclamo de inconstitucionalidad fue declarado inadmisible por el Tribunal Constitucional (básicamente porque se interpuso el requerimiento después de la entrada a la Contraloría el decreto supremo promulgatorio) busca básicamente establecer sanciones penales más duras para aquellos que infrinjan las medidas de confinamiento. En otras palabras, se puso la carreta delante de los bueyes.
Lo anterior no es una cuestión menor y requiere análisis. Ya en los meses posteriores al estallido social me tocó escuchar a un observador internacional de derechos humanos señalar lo incomprensible que resultaba, como señal a la población, que el gobierno impulsara y el Parlamento chileno aprobara medidas que buscaban sancionar la protesta social, antes que hacerse cargo y encauzar de manera adecuada el malestar. En esta ocasión ocurre algo similar, se pone el acento en el síntoma (la circulación de personas sujetas a medidas sanitarias), pero no se ataca de raíz la vulnerabilidad y la pobreza que es la verdadera enfermedad de nuestra sociedad, como lo graficaba bien Bloomberg en estos días.
Creo que es importante pensar que las consecuencias sociales de esta situación pueden no solo hacer inefectivas las medidas sanitarias, sino que pueden constituir una señal errática respecto a que finalmente el confinamiento puede traer hambre y este, a su vez, gatillar una rabia acumulada que ya se expresó con el estallido social. Mal que mal, la desconfianza en las instituciones es el chasis de nuestra sociedad y es sobre esa base que las autoridades tienen que tomar medidas.
Podemos discutir si resulta adecuada y efectiva la lógica punitiva. En este punto hay opiniones encontradas. No obstante, si este es el camino, entonces es importante considerar que, como me decía un reputado abogado, el derecho penal debe llegar cuando ya tenemos un sistema de protección social funcionando. En esta situación, el orden de los factores sí altera el producto, que en este caso no solo puede mermar aún más la confianza en las instituciones, sino que puede generar costos relevantes a la hora de instalar los incentivos adecuados para que juntos logremos salir de esta catastrófica situación.
