El artículo 60 de la Constitución señala: “Cesará en su cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, o el que actuare como procurador o agente en cuestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza”. Por otra parte, Andrés Bello en el Código Civil incluyó como primera norma de interpretación de la ley la siguiente: “Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu”.

Isabel Allende Bussi, siendo senadora, celebró un contrato con el Estado en que comparece como vendedora de la casa que heredó de su padre el expresidente Salvador Allende. Dicho contrato fue autorizado por el Presidente de la República Gabriel Boric mediante decreto supremo del Ministerio de Bienes Nacionales en noviembre de 2024.

Visto lo anterior, no es necesario ser abogado sino sólo tener una comprensión normal del idioma español para concluir que el Tribunal Constitucional, llamado a pronunciarse acerca de la destitución de la senadora, no tenía otra opción que decretar su remoción del Senado. Lo contrario, señaló Carlos Peña, habría configurado un abandono del derecho. Por una amplia mayoría el tribunal, en consecuencia, ratificó el triunfo del derecho sobre la política.

El Partido Socialista ha mostrado su molestia, apuntando al gobierno, por el daño que este episodio ha causado a la senadora Allende y a la memoria de su padre. Pese a que se ha hecho reproche a funcionarios subalternos que participaron en esta trama, es insoslayable la responsabilidad que la propia senadora Allende lleva en este asunto. También lo es la del Presidente Boric. No resulta creíble que ninguno de los 17 abogados que revisaron el decreto, incluyendo a su amiga personal Francisca Moya, haya advertido al Presidente de la improcedencia y posibles consecuencias del acto jurídico. La lógica indica que Boric fue informado y decidió seguir adelante.

No es este el único daño que el Presidente Boric le ha causado a la memoria de Allende. Su idea de conmemorar los 50 años de su muerte, entrometiéndose en su legado simbólico en un momento en que los chilenos sufrían las consecuencias de su mal gobierno, terminó con una revalorización de la imagen del gobierno de Augusto Pinochet. Ahora, su idea (según propia confesión) de comprar la casa de Allende, termina en otro manoseo de la memoria de Salvador Allende por la insanable torpeza e impericia de su gobierno.

Como remate, la digna decisión del Tribunal Constitucional no sólo rescata el derecho, sino además afirma, por tercera vez durante el mandato de Boric, la Constitución que nos legaran el gobierno militar y los gobiernos de los treinta años que lo siguieron. Vaya legado el de Boric.

Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo