La cero visibilidad desde las políticas públicas

Por Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD)

Hoy se celebra el Día Internacional de la Cero Discriminación. Y para que no exista discriminación, es necesario identificar y remover los elementos que segregan a aquellas personas en alguna condición de vulnerabilidad, como lo son quienes están en situación de discapacidad.

Los datos estadísticos, desagregados y que consideren la interseccionalidad, ayudan a determinar las acciones a seguir, sobre todo a nivel de políticas públicas, para contribuir con la igualdad de oportunidades, la equidad y el disfrute pleno y efectivo de los derechos inherentes. Pero la variable discapacidad no es considerada en los análisis y estudios de nuestro país, como ha ocurrido en el Censo, en la encuesta de caracterización socioeconómica y en otras mediciones que se utilizan para desarrollar políticas públicas que tienen por misión mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Así entonces, la realidad de los casi 3 millones de chilenos que están en esta condición, queda invisibilizada por la propia gestión de las autoridades, quienes, al mismo tiempo, se quejan de no tener los antecedentes necesarios para tomar decisiones que favorezcan a estos grupos.

Uno de los principales compromisos que se desprende del programa del presidente electo Gabriel Boric es, precisamente, dar visibilidad al mundo de la discapacidad, sin embargo, una vez que presentó su gabinete, enseguida se dio a conocer que el actual Ministerio de Desarrollo Social y Familia dejaba de ser parte del comité político, lo cual saca del centro de la toma de decisiones a la entidad que lleva adelante los temas relacionados con la discapacidad, poniendo en riesgo su ya lábil protagonismo en la gestión de los gobiernos de turno.

Muchas veces la exclusión se mira como un problema, aunque intangible y que solo afecta a las personas en situación de discapacidad y a sus familias, sin embargo, un informe reciente del Banco Mundial da cuenta que esta situación resta entre un 3% y un 7% del Producto Interno Bruto de las economías de cada país de América Latina y el Caribe.

Y si bien Chile y Costa Rica han alcanzado un posicionamiento a nivel de América Latina en materia de discapacidad, según datos del mencionado informe, pesa sobre nuestra nación la necesidad de incorporar la variable discapacidad en los estudios y en las decisiones que derivan de estos, para dejar de excluir a quienes enfrentan esta condición, de manera que el Estado logre resguardar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos de todas las personas.

De esta manera, queda explícito que la discriminación terminará cuando finalice la invisibilidad de los grupos excluidos, en este caso, las personas en situación de discapacidad.