La columna de Francisco de la Cerda: “La estrecha ventana por la que podría entrar la reforma de pensiones”

reforma pensiones

" En octubre de 2024 se realizarán las elecciones municipales y en noviembre y diciembre de 2025 las elecciones presidenciales, y podemos esperar que las negociaciones al interior de las coaliciones y las campañas previas a las elecciones lleven a una mayor polarización y centren la atención de la discusión política".



La Ley de Presupuesto 2024 fue recientemente aprobada en el Congreso, con lo que el foco político pasará de lleno al plebiscito constitucional. Y, más allá de las consecuencias de mediano y largo plazo que cada uno de los resultados puede detonar, también el futuro de las reformas del gobierno dependerá en gran medida de qué opción resulte ganadora.

El resultado del plebiscito anterior llevó, además de a impedir que se aprobara la propuesta constitucional de la Convención, a un debilitamiento de la posición negociadora del gobierno (que había puesto gran parte de sus fichas en la aprobación de la propuesta) y a una oposición menos dispuesta a buscar acuerdos con el gobierno. Así, el resultado de este segundo plebiscito podría inducir un nuevo rebalanceo de fuerzas políticas.

Con respecto al pacto fiscal, si bien la volatilidad de las discusiones políticas es tan o más elevada como la de los mercados financieros, las señales políticas actuales apuntan a que existe una escasa disposición a avanzar con cualquier tipo de aumento de impuestos. Más aún, la debilidad económica actual no juega a su favor con el consumo privado y la inversión acumulando cinco trimestres consecutivos de caídas, pese a que la discusión impositiva debería tener más bien un enfoque de mediano y largo plazo. Así, ante cualquiera de los dos resultados del plebiscito, es poco probable que se logre aprobar algo significativo en esta materia, más allá de que (en el mejor de los casos) podrían buscar avanzar con medidas acotadas para financiar incrementos de la PGU.

El caso de la reforma de pensiones es algo diferente, aunque tampoco mucho más alentador. La ministra de Trabajo aplazó su tramitación hasta después del plebiscito y, si bien lo descartó, es muy probable que su resultado influya en el futuro de la reforma. En el caso de un triunfo del “a favor”, la oposición podría ver reforzada la firmeza de sus posturas en desmedro de la búsqueda de acuerdos y no estar disponible a entregar ninguno de los seis puntos adicionales de cotización a cuentas solidarias o a alguna modalidad de reparto (o, en tono político, para mejora de las actuales pensiones adicionales a la PGU), ni en avanzar en modificaciones a la actual industria previsional. Así, el triunfo del “a favor” probablemente cierra la puerta a una reforma de pensiones.

En el caso de un triunfo del “en contra”, el rebalanceo de fuerzas políticas podría llevar a que se abra una ventana para que se apruebe una reforma de pensiones de consenso. Cabe destacar que el gobierno sólo cuenta con cerca del 35% de cada una de las cámaras del congreso, por lo que requiere de los votos del centro y de la oposición para concretar esta promesa de campaña. Por su parte, la no aprobación de una reforma de pensiones también conllevaría riesgos para la oposición, en parte sociales –ausencia de mejora de las pensiones y descontento de la ciudadanía– y en parte políticos –queda el flanco abierto de cara a las futuras elecciones y, en caso de conseguirlo, una futura administración de gobierno–.

Sin embargo, aún en el caso de que se imponga el “en contra”, los plazos para aprobar la reforma de pensiones serán estrechos. En octubre de 2024 se realizarán las elecciones municipales y en noviembre y diciembre de 2025 las elecciones presidenciales, y podemos esperar que las negociaciones al interior de las coaliciones y las campañas previas a las elecciones lleven a una mayor polarización y centren la atención de la discusión política. Así, la primera mitad del próximo año será crucial para que la reforma de pensiones logre pasar por la ventana, esperando que ésta esté abierta.

* El autor es economista de LarrainVial Research