La columna de Katia Trusich: “Ley de Seguridad Privada: un esfuerzo conjunto por un Chile más seguro”

Tuve la oportunidad de representar al sector empresarial en la promulgación de la nueva Ley de Seguridad Privada, legislación que busca contar con más y mejores herramientas para fortalecer la seguridad en espacios públicos y privados. La concreción de la normativa, que estuvo más de 14 años tramitándose, demuestra la prioridad que alcanzan todos los temas que aporten a la seguridad y destaca el espíritu de colaboración que este desafío requiere, que trasciende diferencias políticas y responde a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

La nueva ley marca un avance significativo en la modernización de los sistemas de seguridad privado, especialmente en la designación de entidades obligadas a implementar medidas de seguridad, en la profesionalización de guardias y vigilantes privados, cuyo número ha aumentado significativamente en Chile durante los últimos años. También incrementa la seguridad en eventos masivos y se crea una institucionalidad pública para mejorar la coordinación público-privada. En definitiva, se establece un mejor marco normativo que contribuirá a enfrentar los enormes desafíos actuales en esta materia.

El Presidente Gabriel Boric pidió a sus equipos dictar el reglamento que implementará la nueva normativa en un plazo de tres meses. Resulta esencial que tanto el sector público como el privado sigamos trabajando de manera coordinada para contar con un documento eficaz, que puede implicar un costo para las empresas, pero que significará un esfuerzo necesario para contribuir a la seguridad nacional.

En este contexto, creemos que se abre una oportunidad para la introducción y un mejor uso de la tecnología, en la que el sector privado ha realizado importantes inversiones. El reconocimiento facial, por ejemplo, que actualmente se utiliza ampliamente en diferentes lugares del país y del mundo, constituye una herramienta útil para identificar y prevenir actividades delictivas, siempre con resguardo de un uso responsable, pero requiere de una mayor coordinación con entidades del sistema de seguridad y de la decisión política para su mejor implementación.

La nueva Ley de Seguridad Privada representa un avance importante en la protección de nuestra sociedad, demuestra el compromiso del Ejecutivo -valorable el rol de la Subsecretaría de Prevención del Delito que logró aprobar la normativa- y del Legislativo por concretar más y mejores políticas públicas en un tema prioritario.

Esta legislación también debe convertirse en un impulso para reforzar dos aspectos claves: la colaboración público-privada y la coordinación entre el mundo privado, las autoridades y las organizaciones a cargo de la seguridad. Se requiere compromiso y colaboración, un esfuerzo conjunto por más tranquilidad y bienestar, porque la seguridad es tarea de todos.

*La autora es presidenta de la Cámara de Centros Comerciales.