Por Pedro Fierro, investigador P!ensa y académico UAI
A estas alturas podremos reconocer que una Constitución es un instrumento excepcionalmente complejo en el Derecho. Ciertamente se trata de un texto jurídico que representa—sin ir más lejos—la norma superior en que se basa nuestro ordenamiento. Pero, al mismo tiempo, se trata también de un documento político donde, como sociedad, sentamos las bases más fundamentales de nuestras relaciones. Cualquier discusión, entonces, debiese reconocer esta dualidad.
Bien lo saben los opositores a la Constitución vigente. Más allá de las buenas o malas disposiciones, muchas de las críticas se centran en “el símbolo” que debe ser superado, como si se tratase de un “horrocrux” que mantiene vivos los peores momentos de nuestra historia reciente. Se trata de un argumento esencialmente político, aunque no por eso menos razonable. En esa misma línea, por ejemplo, era relativamente común ver a actuales convencionales (como el profesor Fernando Atria) referirse a entrevistas y textos de Jaime Guzmán para construir sus críticas. No apuntaban únicamente al texto (muchas veces difuso), sino también a los razonamientos políticos que le subyacían.
Comprendiendo, entonces, este contexto, llama profundamente la atención que aquellos que no despreciaban críticas políticas al texto vigente hoy las tilden de “improcedentes” y de “falsedades”. Como si el contexto y la historia importasen para criticar el “horrocrux” de Pinochet, pero no para juzgar la nueva propuesta de la Convención.
Este punto es central en nuestra discusión constituyente. Frente a un texto tan ambiguo que ofrece las más diversas interpretaciones, el contexto y la historia legislativa cumplen un papel fundamental.
Imposible hablar seriamente de pensiones sin considerar el tono burlesco con el que el mismo convencional Atria critica la “curiosa idea” de concebir la heredabilidad como una de las funciones de la seguridad social. Imposible hablar de autonomía regional sin considerar la inédita reunión de Elisa Loncon con Carles Puigdemont, emblema del separatismo catalán. Imposible hablar de descentralización sin considerar la dantesca entrevista al alcalde Tamayo, quien justificaba su agenda intervencionista basado en un proyecto de Carta Magna que ni siquiera ha sido aprobada.
Todas estas cuestiones—entre muchas otras—no son ajenas a la discusión constitucional. ¿Importa el texto y la técnica legislativa? Claro, y por lo mismo son tan lamentables los reconocidos errores y las ambigüedades que tendremos que votar. Pero eso no implica desconocer que el contexto y las discusiones políticas subyacentes a las normas son igual de esenciales. Esto es algo que bien debiesen saber los críticos de Guzmán.
