Por Sergio Muñoz Riveros, analista político
Amedrentados por la barbarie con rostro social, los firmantes del acuerdo del 15 de noviembre de 2019, casi todos parlamentarios (entre ellos Gabriel Boric), acordaron crear un segundo Parlamento que tendría la misión de redactar un proyecto de nueva Constitución. Es inevitable preguntar por qué razón había que crear un órgano que asumiera una tarea que era propia del Congreso Nacional. En realidad, se juntaron el hambre con las ganas de comer. Los opositores a Piñera, asustados por la revuelta que habían alentado, querían algo que pareciera asamblea constituyente, para congraciarse con los constitucionalistas de las barricadas, en tanto que los representantes del oficialismo, más asustados aún, aceptaron cualquier cosa que salvara el edificio. Se ha dicho que esa fue la “salida institucional”, pero no lo fue, puesto que el Congreso fue despojado de su potestad constitucional. Así, se abrieron las compuertas al cuestionamiento de todo lo construido por el país en todos los ámbitos. Histórico, sin duda.
Luego, el Congreso regaló facilidades extraordinarias a las “listas de independientes” para la elección de convencionales, lo que permitió que se agruparan diversos grupos asociados al “espíritu de octubre” (al fuego de octubre, sería más exacto). Y sobre eso, se inventaron los escaños reservados para los pueblos originarios, lo que significó crear un registro étnico de votantes, al margen del registro nacional, para que los mapuches votaran por los mapuches, los aymaras por los aymaras, etc. O sea, segregación con aire progresista, En la práctica, violación del principio de ciudadanía que iguala a las personas por encima de la raza, el sexo, la condición social, la religión, etc.
La Convención ha estado saturada de ruido rupturista, exaltación identitaria, subcultura del victimismo y desdén por la nación y sus símbolos. Hay que refundar Chile, dijo Loncón, y lo repitieron otros entusiastas, varios de ellos de vida reposada hasta entonces, pero convertidos de pronto en ardientes revolucionarios. Controlada por facciones que promueven una reingeniería total de la sociedad, la Convención es hoy el mayor foco de incertidumbre de la vida nacional, y con presupuesto público, naturalmente. En 2021, el Fisco destinó $10.584.592.005 (lo que incluye un monto subejecutado), y en 2022, para completar los 9 meses establecidos, están destinados $5.283.831.000. Si se extiende el funcionamiento a 12 meses, deberá ampliarse el presupuesto. El Congreso, mientras tanto, ha seguido gastando lo suyo.
Nadie sabe qué resultará de todo esto, pero las señales son malas. El reto es conseguir que el delirio refundacional no cause mayores daños a la institucionalidad democrática, tan costosamente levantada. Ojalá que los parlamentarios que asumirán en marzo ayuden a reparar lo estropeado, y que el nuevo gobierno tenga claro que se debe a la legalidad existente, no a una legalidad hipotética.
