Por Sergio Muñoz Riveros, analista político
La idea de redactar una nueva Constitución fue vista por la mayoría del país como la posibilidad de frenar la violencia, avanzar en materia de derechos sociales y, quizás, ayudar a la unidad nacional. De buena fe, esa mayoría aceptó el criterio de los senadores y diputados que decidieron que, para dicha tarea, era necesario elegir un segundo parlamento. De este modo, y con la sociedad ansiosa por dejar atrás los estragos de la revuelta, la Convención se convirtió en una gran ilusión.
Luego, el Congreso entregó facilidades electorales a independientes que no lo eran y creó los escaños de distinción racial. Se generó así una atmósfera de éxtasis regeneracionista y la Convención quedó bajo el control de quienes consideran que Chile está mal hecho desde el principio y que, por lo tanto, no son 30 años, sino 200 los que corresponde corregir. Así, los colectivos del anarco/octubrismo, la izquierda indígena y la izquierda castro/chavista confluyeron en el intento de armar otro país. Los convencionales del Frente Amplio y el PS hicieron coro.
Para validar la reingeniería, fue determinante la amenaza de la violencia. Sobre esa base, ganó terreno una ideología ad hoc, en la que sobresalen el cuestionamiento del Estado nación y la disolución de la nacionalidad chilena en una plurinacionalidad tramposa. Hacia allá apuntan la feudalización del territorio nacional y la exaltación del arcaísmo, con el fin de consagrar la preeminencia de las minorías indígenas en la sociedad que llegue a quedar. Han sido ostensibles el desprecio por la democracia representativa y la inclinación hacia una especie de corporativismo mussoliniano.
Se trata de la más reaccionaria visión que hayamos conocido en mucho tiempo y que, sin embargo, demostró tener un enorme poder de intimidación. Los parlamentarios, progenitores de la Convención, han estado en general paralizados por el temor de contradecir a los refundadores. Mucha gente que ocupa puestos de conducción ha guardado silencio. Nadie sabe, por ejemplo, si el Colegio de Abogados tiene alguna inquietud frente al pluralismo jurídico y la desaparición del Poder Judicial.
Está en juego todo lo que tenemos, y corresponde oponerse ahora mismo a un proyecto que, si llegara a imponerse, conduciría a Chile a la desarticulación, la decadencia y la ruina. Quienes propician, con buena intención, una especie de acto de comunión espiritual en la Convención, y hasta sugieren darle más tiempo, no parecen percatarse de que, si los controladores actúan como lo están haciendo, es porque piensan así. No es un asunto de bondad.
La Convención dejó de ser un proyecto nacional, si es que alguna vez lo fue. Es la plataforma sectaria de quienes la controlan. Y llegó la hora de reaccionar. El nuevo Congreso Nacional debe recuperar su potestad constituyente con vistas a definir una alternativa que evite el extravío catastrófico y renueve el pacto por la democracia.
