La crisis social es también ambiental y una tremenda oportunidad política

Chile vive uno de los mayores levantamientos sociales de su historia. La crisis expresa el malestar y frustración de la sociedad chilena por el incumplimiento de las expectativas que generó la agenda de recuperación de derechos políticos y de equidad social, terminada la dictadura, y que los gobiernos de la transición no fueron capaces de concretar, en parte por las reglas de la Constitución del 80 y en parte por la tremenda influencia política del sector empresarial que siempre se negó a renunciar a privilegios obtenidos durante el régimen de facto, donde no existió deliberación democrática sobre la mayor parte de las leyes que hoy nos rigen.

La obscena concentración de la riqueza, de los bienes comunes y del poder político en una minoría, a costa del bienestar de la mayoría, más la estafa y colusión sin castigo de la misma minoría, explica la chispa de la rebelión. "Evade" pagar el alza de 30 pesos del Metro de Santiago, y la generación de una explosión social masiva y transversal, que lleva 12 días de movilización nacional y cuyo peak fue el pasado 25 de octubre con más de más de un millón doscientos mil conciudadanos en las calles de Santiago y varios miles en regiones.

La oferta gubernamental centrada en paliativos económicos a pensiones mínimas, ingresos mínimos y suspensión de alzas en servicios básicos no estuvo a la altura, ni en sintonía con las demandas. La rebaja en la remuneración de los parlamentarios y el alza del impuesto a los ricos también es insignificante para paliar la situación de los más vulnerables y distribuir los beneficios del desarrollo económico. En el fondo se ignoró las dimensiones políticas y territoriales de la crisis; las que hoy mismo se discuten en asambleas y cabildos autoconvocados en todas las regiones, para definir prioridades colectivas para un nuevo Pacto Social, con cambios estructurales al marco legal y constitucional vigente.

El tardío cambio de gabinete fue indispensable para reconstruir la interlocución con el sector político y la ciudadanía. Sin apertura del gobierno a la discusión de un nuevo Pacto Social, no avanzaremos hacia una gobernabilidad democrática.

Tenemos la convicción de que la crisis social es también ecológica. La apuesta de los gobiernos de distinto sello ideológico por el extractivismo, además de generar una riqueza que no se distribuyó, ha implicado una carga ambiental insostenible para comunidades y territorios que sostienen dicho modelo. Miles de compatriotas hoy sufren impactos en su salud y niveles de mortalidad muy superiores a la media nacional. Son llamadas zonas de sacrificio. También hoy, entre Atacama y Biobío, además de crisis hídrica, hay falta de agua para consumo humano y economías de subsistencia, pero la agroindustria y la minería continúan expandiéndose. Hoy Chile enfrenta una grave crisis ambiental que se arrastra por décadas, y será agravada por el cambio climático.

La crisis social, es también ambiental y política por ello las manifestaciones ciudadanas se volcaron rápidamente hacia las demandas de cambios estructurales, reiterando la necesidad de un nuevo Pacto Social y una nueva Constitución.

Respecto de la suspensión de la COP 25 en Chile, la lamentamos pues dificulta las negociaciones climáticas que ya están difíciles, pero reconocemos que nuestro país no puede ofrecer condiciones políticas, ni de seguridad para la Cumbre, no obstante las organizaciones ciudadanas seguiremos trabajando en la Cumbre Climática ciudadana que sigue en pie y apoyaremos los cabildos y el proceso constituyente para que Chile pueda avanzar en los acuerdos y contenidos para una nueva Constitución, que restaure la convivencia, la protección del ambiente y la paz social.

El gobierno debe entender que fracasará si sigue ofreciendo solo paliativos económicos. La crisis apunta a brechas de equidad y justicia, desigualdades que se perpetúan por el marco legal y constitucional; pero también apuntan al abuso institucionalizado y al fracaso de representación popular de la elite política.

No vendrán tiempos mejores si el sector político y el empresariado no escuchan a la gente y actúan en consecuencia. El Presidente Piñera manifestó estos días que "Todos hemos escuchado y vamos a seguir escuchando el mensaje de la gente" pero su primera acción no estuvo a la altura y el anuncio de lo que viene no podrá ser demasiado lento. Por el bien de todos los chilenos y de su gobierno, es urgente que tome el liderazgo de los cambios que Chile necesita. Para definir la agenda de corto, mediano y largo plazo, debe proponer reglas equitativas y por sobre todo participativas, para responder a las urgencias de la subsistencia, pero también articular con los demás poderes del estado un proceso constituyente, que permita construir una nueva Constitución, mediante un proceso de Asamblea Constituyente. Así su gobierno no pasara en vano, y los chilenos lograran la protección del patrimonio ambiental del país y estándares de convivencia y bienestar más cercanos a un país OCDE. Solo así Chile podría llegar a ser un "oasis en Latinoamérica".