La degradación del uso de la acusación constitucional

SEÑOR DIRECTOR:

A partir del segundo gobierno del Presidente Piñera, la política nacional ha sufrido una “parlamentarización” que ha erosionado a las instituciones. Un ejemplo, es la acusación constitucional que refleja la vulgarización política, jurídica y lingüística del Congreso.

Los datos no mienten. Desde el año 2018, 1 de 16 acusaciones ha sido aprobada (6,25%), 5 de 16 acusaciones han sido declaradas admisibles (31,25%) y la acusación constitucional contra el ministro Ávila, con las alocuciones homofóbicas, termina por fijar una acusación constitucional banal y ramplona.

Al realizar un diagnóstico de fondo, la degradación del principal control político-jurídico es evidente, pues se ha dispuesto su uso como artefacto de revisión de políticas públicas, mecanismo para desestabilizar al Ejecutivo o para apropiarse de discursos de malestar diagnosticados por empresas encuestadoras, entre otras. Se olvidan las causales y las normas constitucionales, diluyéndose su sentido y siendo fagocitada en lo “mediático”.

La acusación constitucional ha sido frivolizada, y así se pierde un mecanismo de control del Congreso a otros poderes del Estado. Lo dicho, pone en peligro la vida política y la democracia, al soslayar nuestros políticos que el control asegura una interacción institucional virtuosa.

Resulta interesante el tratamiento de la acusación en el proceso constituyente, en especial, en el anteproyecto de la Comisión Experta, el cual busca revitalizar el carácter de ultima ratio apuntando a la seriedad y mérito de sus actuaciones, al aumentar los requisitos de su procedencia y aprobación. Ese es el camino de restauración de un instrumento de control que se desmorona.

Cristóbal Osorio

Profesor Fac. de Derecho U. de Chile