Por Sergio Muñoz Riveros, analista político
Muchos de los malentendidos ligados a la Convención se manifiestan en los acomodos del lenguaje respecto de lo que hoy luce como corrección política. El convencional Benito Baranda, por ejemplo, dijo en una entrevista: “Todo lo vamos a construir desde una República Plurinacional” (EM, 22/08). Aparentemente, no le pareció necesario explicar qué quería decir con eso.
¿Acaso surgirán otras naciones dentro de la nación? ¿Y cómo será eso? Si no se está confundiendo etnia con nación, ni cultura con nación, ¿en qué están pensando realmente quienes repiten el estribillo? ¿Significa que, junto a la nacionalidad chilena, habrá una nacionalidad mapuche, otra diaguita, otra aymara, otra rapanui, etc.? ¿Se establecerá un registro civil distinto para cada etnia? ¿El carné de identidad y el pasaporte empezarían a ser diferenciados? Y luego, ¿un sistema propio de justicia? ¿Autonomía territorial?
Como Elisa Loncón proclamó que hay que “refundar Chile”, y Baranda dice que “hoy uno puede refundarlo”, hay motivos suficientes para preocuparse. “No sé a qué se le tiene miedo”, pregunta Baranda. Bueno, tal vez, a la soltura de cuerpo. Para graficar su valentía, agrega un ejemplo: “Cuando me preguntan de las policías, digo que yo las refundaría, haría policías nuevas”. Qué fácil, suena. Se supone que ha reflexionado sobre una materia delicada como esa. Debería dar detalles.
Numerosos convencionales apenas contienen la placentera sensación que les provoca ser integrantes de lo que ellos creen que es un suprapoder. Parecen convencidos de que la escritura de una nueva Constitución posee una capacidad casi mágica de transformación de la realidad, al margen de las circunstancias sociales, económicas y políticas, o de las posibles consecuencias. Es como si el país fuera de arcilla, y ellos pudieran moldearlo a su gusto.
La Convención se ha convertido, en realidad, en un foso de incertidumbre. Y los dilemas que Chile enfrenta ahora superan largamente a los convencionales. ¿Cómo se llegó a este punto? Por la acumulación de torpezas que se inició con la negociación del 15 de noviembre de 2019. Fue un error monumental que el Congreso le regalara parte de su potestad constitucional a un segundo parlamento, la brillante fórmula ideada por los cerebros del proceso constituyente. Y la responsabilidad del gobierno es simplemente abrumadora.
Dentro de 90 días, elegiremos a un nuevo Presidente de la República y a nuevos parlamentarios, de acuerdo a las normas de la Constitución vigente. ¿Habría que entender que, pese al pronunciamiento de los ciudadanos, ese Presidente y ese Congreso asumirán con facultades cercenadas o en suspenso? De ninguna manera. Los equívocos podrían ser desastrosos.
Viene una prueba difícil para nuestra democracia. Será decisivo que las principales fuerzas políticas actúen con sentido nacional para asegurar la estabilidad y la gobernabilidad.
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