La economía política de la violencia

Por Pablo Paniagua Prieto, Investigador Senior de la Fundación para el Progreso

Sin duda uno de los grandes problemas que nos aquejan es el problema de la violencia que pareciera haberse desbordado en un sinfín de frentes. El 18-O del 2019 marca un antes y un después con relación a la caja de Pandora que abrimos y que no sabemos cerrar llamada la violencia y sus múltiples máscaras, como bien advirtiera el filosofo chileno Jorge Millas en su célebre libro “La Filosofía de la Violencia”. De esta forma, ya parece normal ver la violencia expresada todos los días y en múltiples maneras: violencia bordeando el terrorismo estudiantil en los ex colegios emblemáticos del país, violencia contra el espacio y el transporte público (solo en este año se han quemado más de 30 buses de la locomoción colectiva), violencia del narcotráfico en zonas vulnerables, violencia en las calles de Santiago producto de la delincuencia y de las pugnas de las mafias de vendedores ambulantes, y, finalmente, la violencia producto del terrorismo en el sur del país.

Pues bien, todo esto nos ha llevado hoy a ser el segundo país de América Latina con la mayor tasa de violencia y ataques terroristas de la región. Existe una relación muy peligrosa y negativa entre violencia, terrorismo y economía, la cual debiera preocuparnos como país. Según el Índice Global de Terrorismo (Global Terrorism Index, GTI), publicado por The Institute for Economics & Peace (IEP), este 2022 Chile se posicionó en el lugar 18 dentro de los países con mayor cantidad de hechos terroristas, siendo superado en Sudamérica solo por Colombia. Chile entra, por primera vez, en el triste ranking del Top 20 de los países con mayor cantidad de hechos terroristas, con un nivel de terrorismo “alto”. Según el informe, Chile subió de manera drástica de 40 puestos en los últimos cuatros años, luego del último estudio realizado en el 2018 (en donde el país se posicionaba en el puesto no. 58).

El estudio además señala que “hubo 831 ataques y 11 muertes por terrorismo registradas durante la última década”. El informe agrega que en el 2021 el número de ataques terroristas se elevó a 362, “más de la mitad de los cuales fueron atribuidos a extremistas indígenas mapuche”. En lo que va de este año 2022, ya se han registrado ocho muertes en el contexto del conflicto en distintos atentados en el sur del país. Así las cosas, en estos últimos cuatro años y después del estallido social, la violencia en general y el terrorismo en particular, han crecido a tasas aceleradas, a tal punto de que hoy el país se encuentra top 18 en el ranking de terrorismo mundial cerca de otros países tales como: el Congo, Chad, Kenia, Egipto y Colombia; todos países a los cuales no queremos parecernos.

Desde la economía política, distintos investigadores han estudiado la relación entre violencia, terrorismo y sus impactos económicos. Por ejemplo, el premio Nobel de Economía, Douglass North, en su importante libro “Violence and Social Orders”, establecía que aquellos países que son incapaces de resolver —con instituciones y reglas— el problema de la violencia, de manera que ésta quedara contenida y fuera predecible, son países que luego son incapaces de prosperar y alcanzar el desarrollo.

North reconoce que el peligro de la violencia es algo permanente en todo orden social, por lo que todas las sociedades deben saber lidiar con ella y contenerla (North, Wallis, and Weingast, 2012). Sin embargo, existen distintas formas de resolver el desafío de la violencia, ya que las esferas de la política y la economía están relacionadas. Aquellos países que no logran resolver el problema de la violencia a través del Estado de Derecho y de instituciones neutrales, son países que luego son incapaces de crear sociedades prósperas y con igualdad de derechos —por lo que éstas están predestinadas al subdesarrollo, debido a la manera informal e impredecible a través de la cual han resuelto la violencia (North, Wallis, and Weingast, 2012). Cabe advertir que Chile se encamina hacia dicho equilibrio institucional de resolver, de manera subóptima y deficiente, el problema de la violencia.

De manera análoga, Robert H. Bates, en su libro “Prosperity & Violence: The Political Economy of Development”, argumenta que la reorganización de la coacción y la contención (o estabilización) de la violencia son los principales factores que permiten el crecimiento económico sostenido. Bates establece que es la reorganización de la coerción, no su extinción, lo que sustenta la seguridad de los derechos de propiedad necesarios para la inversión de largo plazo, lo cual es el motor del desarrollo sostenido. Aquellos países que son incapaces de asegurar la paz y aquellos que son incapaces de contener la violencia, son luego incapaces de promover el desarrollo y el progreso social (Bates, 2009).

Finalmente, a nivel empírico, existen estudios cuantitativos que señalan cómo las economías pueden ser profundamente afectadas por el terrorismo. Cuatro estudios (Eckstein y Tsiddon, 2004; Abadie y Gardeazabal, 2008; Sandler y Enders, 2010; Ruiz, Park y Khan, 2018) han cuantificado el impacto negativo del terrorismo en el crecimiento económico, evidenciando una causalidad entre terrorismo y menores tasas de crecimiento económico. Lo anterior parece obvio, pues los ataques terroristas impactan: 1) de manera negativa en la confianza de los inversionistas y los empresarios, y en la propensión al consumo de los ciudadanos; todos elementos que desalientan la inversión y las exportaciones; 2) los ataques terroristas tienden a dañar las cadenas logística, la infraestructura comercial, el transporte y las comunicaciones de los países, haciéndolos menos productivos; y 3) existe un costo de oportunidad de los recursos, ya que invertir en seguridad y en combatir el terrorismo, es un desperdicio de recursos que se podrían haber utilizado en otras actividades mejores (Becker, 1968).

Todos los estudios mencionados señalan que el terrorismo determina una baja performance económica en el largo plazo, fijando así las posibilidades o no de desarrollo. Los estudios señalan que: “las estimaciones empíricas de las consecuencias del terrorismo generalmente sugieren grandes efectos en los resultados económicos … el terrorismo puede tener un gran impacto en la asignación de capital productivo entre países … Además de aumentar la incertidumbre, el terrorismo reduce el retorno esperado de la inversión. Como resultado, los cambios en la intensidad del terrorismo pueden causar grandes movimientos de capital entre países” (Abadie y Gardeazabal, 2008).

En síntesis, la economía política de la violencia concluye que niveles más altos de riesgos terroristas están asociados con niveles más bajos de posiciones netas de inversión y, finalmente, con menor crecimiento económico de largo plazo (Sandler y Enders, 2010). Este persistente deterioro económico, producto de la violencia, es precisamente la realidad que se avecina para nuestro país. Ahora que Chile se ve entrampado entre alta inflación y nulo crecimiento económico (estanflación), es hora de que el tema de la violencia y el terrorismo se tome seriamente la agenda pública del actual gobierno y de toda la gente de izquierda que supuestamente está preocupada por el futuro del país.